Las reiteradas y profusas filtraciones del sumario del llamado caso Gürtel, que ya se conoce casi en su integridad pese a estar declarado secreto por la Justicia, privan a las iniciativas del juez instructor de la más mínima capacidad de sorpresa. De hecho, ya estaba descontado que, más pronto que tarde, el magistrado del Tribunal Supremo de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, imputara al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco por la trama de tráfico de influencias presuntamente dirigida por Francisco Correa.
Martín Vasco se convierte así en el segundo aforado de la región capitalina acusado en el proceso, después de que le precediera su compañero en la Cámara regional Alfonso Bosch.
El nuevo sospechoso, cuyo nombre había sido ampliamente relacionado con los sobornos que se investigan, habría recibido 30.000 euros de la red según recogen diversas conversaciones grabadas a Felisa Jordán, otra de las imputadas en la causa.
El juez afirma que Martín Vasco se encargó de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Además, se le achaca haber facilitado la entrada de la compañía Easy Concept en dicho pueblo madrileño mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.
Para ratificar o desmentir todo ello, el legislador autonómico declara hoy ante la instancia capitalina, la misma en la que Alfonso Bosch se negara a testificar la semana pasada con el argumento de que no está dispuesto a prestar testimonio mientras no se levante el secreto de las actuaciones.
Cabe recordar que, Martín Vasco ya abandonó el 18 de febrero la Presidencia de la Comisión de investigación por los supuestos espionajes en la Comunidad de Madrid, y presentó el 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para evitar que su aireada aunque por entonces oficiosa implicación en la trama perjudicara al PP.
Además, el diputado regional solicitó que se le diera de baja como militante del partido, una reclamación que, tal y como ayer explicó la número dos de la formación conservadora, María Dolores Cospedal, fue dejada en suspenso en tanto se producía un cambio en la situación procesal. Ahora, ante la imputación, el Comité de Derechos y Garantías de Génova «está examinando la solicitud», así como la que los diputados Alberto López Viejo y Alfonso Bosch Tejedor efectuaron en igual sentido y que «se está estudiando». No obstante, la secretaria general popular explicó que «cada tema» dentro de esta supuesta trama de corrupción «es distinto» y que, por lo tanto, «hay que analizar caso por caso».
Al hilo, la manchega censuró de nuevo las «filtraciones» del sumario y criticó la instrucción de Garzón, puesto que, a su juicio, ha estado presidida por la «falta de imparcialidad».
A continuación, Cospedal arremetió contra el jefe de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien exigió a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, que asuma sus responsabilidades políticas en el caso por su relación matrimonial con uno de los implicados, al que la red corruptora habría regalado un automóvil de lujo y costeado las comuniones y cumpleaños de sus hijos.
Aparte de al diputado regional, el juez instructor tomará hoy declaración como imputado al ex secretario de Organización del PP con Xosé Cuiña, Pablo Crespo, en prisión desde el 12 de febrero. Crespo es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia, donde llegó a ser secretario de Organización con Xosé Cuiña.
Además, el magistrado interrogará a Adrián Senin Rico, mano derecha de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market y conocido como El Bigotes, a quien Garzón acusa de regalar al presidente valenciano, Francisco Camps, trajes y otros objetos de valor.
