El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, decidió ayer imputar a la Infanta Cristina y citarla a declarar el próximo 27 de abril a las 10,00 horas, al apreciar indicios de cooperación o complicidad en los supuestos delitos cometidos por el Instituto que dirigía su marido, Iñaki Urdangarín.
La decisión adoptada por el togado se produce tras examinar la última remesa de correos electrónicos aportada por el exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, en los que trataba de demostrar la implicación de la hija del Rey en la empresa.
En el auto de 18 páginas, el magistrado considera que Doña Cristina fue «cooperadora necesaria» en los presuntos delitos que su marido cometió al frente del Instituto, de forma que, asegura, sin la presencia de la Infanta en la entidad, así como sin «el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real», la entidad no habría podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron a sus cuentas.
La figura jurídica a la que alude el magistrado en el documento, la del cooperador necesario, conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido Urdangarín, según el Código Penal, en su artículo 28.
En la resolución, el juez se muestra tajante al aseverar cómo Doña Cristina y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga -también imputado-, prestaron su consentimiento para que su parentesco con la Casa Real fuera utilizado por Urdangarín y por Torres «a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones».
Asimismo, Castro asegura en el auto, que imputa a la Infanta antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que «se perpetúe la incógnita» de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un «cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los tribunales que, en casos similares, es muy escasamente probable que prescindieran del trámite».
Horas después de conocerse el auto judicial, la Infanta Cristina y el abogado de su esposo, Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, se reunieron en la mansión de Pedralbes en Barcelona propiedad de la familia del matrimonio. En la cita también estuvo otro letrado especialista en gestión de patrimonios inmobiliarios, Agustín Hernández Almirall, con quien los Duques ya han tenido contactos y reuniones anteriormente.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá la decisión del magistrado, porque los indicios señalados por Castro «carecen de la entidad suficiente» para apoyar su citación en calidad de imputada en la causa. El Ministerio Público tiene cinco días para preparar su recurso, y espera que la decisión que se adopte llegue antes del 27 de abril.
