No le tembló el pulso ayer al juez instructor del caso Nóos, José Castro, para ratificar la fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, que había sido solicitada por la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que integra la acusación particular. El magistrado considera que ambos practicaron una «actividad delictiva premeditada», ya que utilizaron el Instituto Nóos como mero «paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos».
A partir de la publicación del escrito judicial, los dos imputados tienen un plazo de cinco días para pagar la fianza de forma solidaria. Es decir, entre los dos deben depositar la cantidad establecida, pero bastaría con que una de las dos partes abonara la totalidad. En el caso de no sufragar dicha suma, «se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla», según el auto de más de 500 páginas emitido por el tribunal.
En su informe, el juez sostiene que el Duque de Palma y su antiguo compañero se pusieron de acuerdo para rentabilizar la «influencia» que se derivaba del parentesco de Urdangarín con la Familia Real, al tratar de convencer a los «potenciales clientes» del Instituto Nóos que había «innumerables ventajas económicas y de prestigio social» en el hecho de «contar en sus negocios con la colaboración de un miembro de la Casa Real».
Según el texto, los imputados fundaron la firma para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder a fondos públicos mediante distintos convenios, rodeándose, además, «de la buena imagen derivada de las actuaciones altruistas».
La suma solicitada por la Fiscalía como fianza de responsabilidad civil y confirmada ahora por el magistrado equivale a los fondos públicos recibidos por Nóos de los Gobiernos regionales de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007, más una tercera parte.
De hecho, Castro también critica en su auto a los responsables de los Ejecutivos de las autonomías que firmaron contratos con la firma de Urdangarín y Torres, ya que, según defiende, tomaron decisiones «arbitrarias e injustas» al margen de cualquier expediente administrativo con el fin de beneficiar a personas concretas.
Con esta decisión, el magistrado rechazó los argumentos del abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, quien expresó hace unos días su oposición a la fianza, alegando que todos los contratos firmados por Nóos eran correctos y que el yerno del Rey solo ocupaba una función representativa en el Instituto. Además, letrado calificó la suma solicitada por la Fiscalía de «exagerada».
En cuanto al secretario personal de las Infantas Cristina y Elena, Carlos García Revenga, que constaba oficialmente como tesorero del Instituto Nóos y que fue imputado el pasado martes en la causa, la Casa Real anunció que le mantendrá en su puesto y que no tomará ninguna decisión antes de su comparecencia ante el juez, que será el próximo 23 de febrero.
«La Casa de Su Majestad el Rey no tomará decisión alguna en su ámbito de responsabilidad sin haber antes conocido y valorado la declaración de Don Carlos García Revenga», indica el texto oficial publicado en la página web de la institución, señalando que la citación para declarar «no especifica cargo alguno», que «pudiera justificar medidas inmediatas» por parte de la Casa Real.
De hecho, la semana pasada, Revenga se declaró inocente y pidió comparecer ante el juez de instrucción. Además, hizo hincapié en que, pese a su condición de tesorero de la sociedad dirigida por Urdangarín y Torres, nunca tuvo «firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismas ni en su contabilidad». Asimismo, a través del mismo comunicado, negó haber recibido nunca ningún tipo de remuneración de la entidad.
