El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha resuelto el recurso presentado por Izquierda Unida. En la sentencia se “estiman totalmente” las alegaciones presentadas para la instalación del monolito en honor a los presos en el Castillo de Cuéllar durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, con la leyenda inicial propuesta: “A los represaliados del franquismo que cumplieron pena en este castillo”.
La lucha por su colocación comenzó hace ya dos años. Fue en 2013 cuando, de manera informal, el grupo municipal de Izquierda Unida comentó al alcalde la villa sus deseos de conmemorar a los presos con una escultura. Así iniciaron los trámites por su cuenta y encargaron el monolito a Dyango Velasco. Primeramente, se intentó colocar en el interior del Castillo, frente a la Oficina de Turismo, para lo que contactaron con las instituciones pertinentes, como la Dirección Provincial de Educación y el Duque de Alburquerque, dueño de la fortaleza. Al no obtener una respuesta inmediata, se valoró la opción de su colocación en el exterior, para lo que presentaron toda la documentación necesaria en el Ayuntamiento, que lo trasladó a la Comisión Territorial de Patrimonio. Tras algunos imprevistos en el envío de la información, finalmente se obtuvo la autorización para la instalación de la escultura. En marzo de 2014 solicitaron al Ayuntamiento la cesión del terreno, pero este no autorizó su leyenda, e instó a IU a “acordar otra más adecuada”. Este acto, que para la Asamblea Comarcal fue valorado de censura, llevó a presentar un recurso de reposición y posterior recurso ante el Contecioso Administrativo.
Ha sido en el momento de la resolución cuando se han conocido las causas por las que el equipo de Gobierno no aprobó la leyenda de la escultura. Una de ellas fue la valoración de que tales palabras “podrían herir la sensibilidad política de otros ciudadanos”. Izquierda Unida, por su parte ampara sus argumentos en leyes como la de Memoria Histórica, que reconoce los derechos de quienes sufrieron persecución o condena en el franquismo, para mostrar su “repulsa”. Además, afirman que el término “represaliados” viene siendo utilizado normalmente y que con él no se está cuestionando, coartando ni vulnerando la libertad ideológica.
Por otro lado, la sentencia condena a abonar las tasas de las instancias al Ayuntamiento de la localidad. IU lamenta esta actitud, que califica también de incomprensible. Existe la posibilidad de recurso de apelación por parte del Ayuntamiento. Los miembros de la Asamblea Comarcal esperan que no se proceda, aunque lo ven posible “debido a su actitud ante el tema durante todo este tiempo”. Asimismo, creen que si su recurso se basara en los mismos argumentos utilizados hasta ahora, el juzgado volvería a desestimar su causa, dada la sentencia actual.
El coordinador provincial de l partido, José Ángel Frías, estuvo presente en el acto de comunicación de la sentencia a los medios locales. Añadió, respecto al posible recurso del equipo de Gobierno, que hay aspectos que “no deberían depender de los votos, sino de lo social, lo democrático y la vida de la gente”. Hizo referencia a cómo son tratados estos temas en países como Alemania, en los que “la demagogia no la paga el Ayuntamiento completo”.
Ahora solo esperan que terminen las formalidades, pues eliminando la parte de censura, el decreto de alcaldía sería válido para la colocación de la escultura.
