La casi incomprensible complejidad del sistema judicial español, que convierte cualquier proceso mínimamente trascendente en una maraña de trámites, plazos, citaciones, requerimientos, autos y recursos, embarulló ayer un poco más el caso Gürtel que, como si se tratara de una especie de montaña rusa, efectuó un nuevo viaje ente Madrid y Valencia, esta vez como consecuencia de la decisión de Antonio Pedreira, instructor de la rama capitalina de la investigación contra la trama liderada por Francisco Correa, de enviar al Tribunal Superior de Valencia la parte del caso que atañe a los supuestos delitos electorales y de cohecho que salpican a cargos del PP en la región levantina.
El togado, cuya resolución llega tras la adoptada por el Supremo en el mismo sentido, trata de evitar que prescriban los presuntos delitos electorales, de los que existen indicios a raíz de los informes de la Agencia Tributaria, la Policía y la Fiscalía, que señalan presuntas irregularidades en la financiación popular en las costas mediterráneas.
El magistrado, que asume el punto de vista del Ministerio Público, aprecia en la actuación de algunos miembros de la Generalitat indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de cohecho y prevaricación. A tales irregularidades añade las de posible blanqueo de capitales y asociación ilícita.
En concreto, Pedreira apunta al ex secretario del PP en aquella Comunidad Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente Rambla y al diputado David Serra, además del ex tesorero nacional Luis Bárcenas y a la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibáñez, como presuntos autores de un delito electoral. Sin especificar más, el juez señala asimismo que no se puede «desdeñar el cargo» que ocupa en el PP el presidente valenciano, Francisco Camps.
Según Pedreira, el informe aportado por Hacienda refleja que un «importante porcentaje de la deuda» contraída en 2007 por el PP valenciano «se habría abonado de forma opaca en efectivo». Otra parte -al menos 345.200 euros- «habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market», la empresa dirigida por el considerado responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.
Las facturas, añade, «reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles» y que, de acuerdo con todos los indicios, «se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular en cuanto cancelan una deuda de éste». Los pagos, insiste el togado, «no habrán sido reflejados» en las cuentas del partido, «como tampoco aquellos que fueron efectuados por distintas sociedades mercantiles y no por el verdadero deudor, el PP», lo que, según Pedreira, podría constituir un delito electoral.
El auto también nombra a «el cantante» y «el príncipe», cuyas identidades se desconocen y que serían los encargados de efectuar «pagos opacos por cuenta del PP a Orange Market», cuyos ingresos en 2007 fueron de 2.565.891 euros.
En el delito electoral «colaborarían» también los gestores de cinco empresas que abonaron «parte de los servicios prestados» por Orange Market al PP durante la campaña de 2007 y, además, los responsables de esta mercantil: el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, Pérez, Crespo y Cándido Herrero, el contable de la sociedad.
Además, Pedreira se refiere a las irregularidades cometidas en las relaciones entre las empresas de Correa y la Administración valenciana entre 2004 y 2009 que destacaba el informe de la Unidad de Auxilio Judicial para sumar los delitos de prevaricación y cohecho, ya que las supuestas infracciones «podrían estar relacionadas con pagos o regalos efectuados» a las personas que intervinieron en la contratación.
