El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará la venta de las 13 fincas que, según la Agencia Tributaria, realizó la Infanta Cristina por un valor total de 1.435.603 euros entre 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de Barcelona, un extremo que la hija del Rey negó a través de un portavoz autorizado.
Mediante una providencia de cuatro páginas dictada ayer, el magistrado reclama a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su propiedad desde su creación.
El reciente informe del Fisco, que reconoce que no validó información suministrada por terceros sobre los movimientos patrimoniales, señala que de lo aportado por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones en el período 2002 a 2004, y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido el denominado Palacio de Pedralbes en octubre de 2004.
Así, en febrero del año siguiente, constan dos ventas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros. A finales de ese año, en el mes de noviembre, se registraron hasta cinco de diferentes tierras ubicadas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real).
Ya en 2006, el informe refleja que Doña Cristina vendió en marzo una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) unos días más tarde, por las que se llevó en torno a los 800.000. No obstante, conviene recordar que la presunción de inocencia debe prevalecer.
Además, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, señaló que Anticorrupción va a examinar el informe de la Agencia Tributaria según el cual la Infanta vendió los anteriores terrenos.
Al menos la jornada tuvo algo de positivo para los Duques, ya que la Audiencia Provincial de Baleares estimó el recurso por el que los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia no son personas «directamente perjudicadas u ofendidas» por el presunto desvío de fondos públicos en la organización del Valencia Summit.
Mientras, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se lavaba las manos asegurando que no conoce el informe elaborado por la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la Infanta. «No estoy en condiciones de hacer una valoración», agregó contundente.
Su colega, el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, sí que se mojó en este espinoso asunto, para resaltar que la Casa Real «está haciendo lo que puede» al tratarse de una situación que «no es la más sencilla del mundo ni la más agradable de gestionar».
Tampoco resulta muy edificante para los populares que se insista una y otra vez en la comparecencia del expresident valenciano Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá sobre un presunto encuentro en La Moncloa con Urdangarín y Torres. A juicio del PP regional, esto solo contribuye a empeorar la imagen que la sociedad tiene de los políticos.
