El Juzgado de lo Mercantil ha admitido la solicitud presentada por los administradores de Segovia 21 para iniciar el proceso concursal, lo que supone abrir una nueva etapa en la que la gestión de la empresa, participada mayoritariamente por la Diputación, correrá a cargo de un administrador nombrado por el juez.
El auto del magistrado designa al nuevo administrador concursal de la empresa, cargo que asumirá el abogado y economista coruñés Ramón Juega Cuesta, que ha sido designado en numerosos concursos de acreedores en distintos puntos de la geografía nacional. De este modo el magistrado Roberto Niño Estébanez, procedente del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, mantiene su confianza en los profesionales gallegos.
Segovia 21 había solicitado su entrada en concurso de acreedores el pasado 28 de enero y cuenta con un pasivo global de casi 18 millones de euros, de los cuales más de 16 están refinanciados por Bankia. Fue precisamente la negativa de Bankia a conceder un nuevo préstamo de 1,8 millones, lo que llevó a los administradores de Segovia 21 a solicitar al Juzgado el concurso voluntario de acreedores.
Bankia y la Diputación tenían acordado un plan según el cual la entidad financiera concedía ese préstamo que contaba con un aval de la Diputación en el que se presentaban como garantías cinco fincas urbanas de 13.520 metros cuadrados en total, además de los derechos sobre la deuda que mantiene con la sociedad la constructora del hotel que se estaba levantando en sus terrenos.
Sin embargo, en el último momento Bankia, que se convierte en máxima acreedora, comunicó que no formalizaba la operación, una decisión que fue criticada por Francisco Vázquez ante la “falta de compromiso” que, a su juicio, demostraba la entidad bancaria con la provincia de Segovia.
En todo caso, desde los grupos políticos Ciudadanos y UPyD-Centrados en Segovia, han anunciado que presentarán una moción conjunta en el próximo pleno provincial para solicitar una ampliación de capital por importe de 1,8 millones de euros en Segovia 21 (o la compra de la autocartera por ese importe) con el fin de evitar el concurso de acreedores.
Como ya señalaron, ello conllevaría también una serie de renuncias en inversiones y la contención de gastos previstos en el presupuesto, de modo que se anularía la compra del Palacio de la Floresta; también se recortaría el gasto en obras y equipamientos en el Palacio de Congresos de la Faisanera; se reduciría el número de diputados liberados, asesores y personal de confianza del equipo de gobierno; y se retrasaría la inversión en la reforma del Teatro Juan Bravo dado “que no supone una inversión urgente”. Además piden en esta propuesta la destitución de Verae como administrador de la sociedad Segovia 21; y la desaparición del accionariado de la Cámara de Comercio, a través de la compra de sus acciones por un precio simbólico.
