La esgrima jurídica que plantearon las estrategias de defensa de los letrados de los 14 acusados de pertenecer a una red de distribución de cocaína a los que se juzga esta semana en la Audiencia Provincial de Segovia contra las tesis del Ministerio Fiscal marcó ayer la segunda jornada de la vista oral del juicio que cerrará la ‘Operación Renco’, que comenzó en junio de 2011 con la aprehensión en la A-6 de una importante cantidad de cocaína en un control rutinario realizado por la Guardia Civil. El testimonio de los agentes que participaron de una u otra manera en la larga investigación policial que determinó la detención y posterior desmantelamiento de la red fue ayer empleado por los abogados de la defensa para tratar de alguna manera de desmontar las tesis sustentadas por la Fiscalía que acusa a los detenidos de crear y pertenecer a una red criminal organizada para la venta y posterior distribución de cocaína.
En una maratoniana sesión, los agentes que participaron en la prueba testifical del juicio -algunos de ellos a través de videoconferencia al no poder desplazarse por motivos laborales hasta la Audiencia Provincial– explicaron a la sala su intervención en los distintos momentos de la investigación policial, ateniéndose en todo momento a los informes oficiales recogidos en los distintos atestados.
La fiscal orientó el interrogatorio de los testigos a corroborar los datos recogidos en la investigación, así como a subrayar que todos los detenidos tenían una estructura organizativa perfectamente jerarquizada en la que el acusado apodado «Dieguito» era el coordinador y organizador de las ventas y entregas de droga. Además, el Ministerio Público se empeñó en señalar esta trama precisando que la organización tenía un lenguaje propio a la hora de enmascarar las entregas, y disponía de un sistema de comunicaciones que periódicamente les obligaba a cambiar de número telefónico para tratar de superar las escuchas telefónicas de la Guardia Civl.
La tesis de la red criminal defendida por el Ministerio Fiscal fue rebatida tácitamente por los abogados de la defensa, que en sus preguntas en la prueba testifical trataron de argumentar que las relaciones de este grupo no estaban jerarquizadas, y que pertenecían únicamente al ámbito de la compraventa de droga. Además, en sus interrogatorios quisieron poner de manifiesto algunas lagunas en la investigación policial, referidas a la documentación de las transcripciones de las conversaciones realizadas bajo escuchas telefónicas o de la propia identificación de los inculpados.
Este peculiar juego del ratón y el gato entre defensa y Ministerio Público a buen seguro continuará en la sesión de hoy, donde concluirá la prueba testifical y dará paso a la pericial, donde los expertos determinarán las características de la droga encontrada en el registro de los domicilios realizados en el transcurso de la operación policial.
Como se recordará, la fiscalía pide penas que oscilan entre los cinco años de prisión y los tres años y tres meses, por el delito contra la salud pública, y 15 meses o 12 meses, según los casos, por pertenencia a grupo criminal. Todos ellos están acusados de ambos delitos y en conjunto se enfrentan a más de 73 años de prisión por la investigación denominada Operación Renco que realizó la Guardia Civil entre junio y diciembre de 2011, y finalizó con la intervención en total de más de cinco kilos de cocaína. Por parte de la defensa, se solicita la libre absolución de todos los inculpados, salvo en uno de los casos, donde se pide una mínima pena por un delito contra la salud pública.
Un banquillo tranquilo.- La gran cantidad de acusados de este «macrojuicio» ha obligado a cuadruplicar el banquillo de los acusados para situar a las 14 personas que asisten en esta condición a la vista oral. Repartidos en cuatro bancos, los diez hombres y cuatro mujeres acusados asisten a las sesiones en modo relajado y tranquilo, con la cabeza baja y sin apenas gestos que denoten nerviosismo o tensión.
Ayer, durante el testimonio de los guardias civiles sólo uno de ellos negaba con la cabeza algunas de las afirmaciones vertidas por los agentes, y corroboraba con gestos de asentimiento la intención de las preguntas de los letrados de la defensa. Mientras, sus compañeros escuchaban los testimonios y alzaban la cabeza únicamente cuando escuchaban la voz de sus letrados, poniendo atención en cada palabra.
En un breve receso, gran parte de los acusados compartieron café, sándwich y patatas fritas de la máquina expendedora situada a la entrada del Palacio de Justicia, y aprovecharon la circunstancia para comentar con sus abogados el desarrollo de un proceso que a algunos de ellos parece estar haciéndose muy largo. Así, uno de ellos comentaba en voz alta con otro compañero de causa su deseo de «pagar cuanto antes» -refiriéndose a la posible condena que le pueda recaer tras la vista oral, para que no se dilate en exceso todo este procedimiento.
