El Gobierno incumplió ayer una nueva promesa. Después de que el 22 de diciembre la ministra de Defensa, Carme Chacón, y sus compañeros de Interior , Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, burlaran al Congreso con la excusa de que sería el jefe del CNI quien explicaría en su momento todo lo relativo a las negociaciones y liberación del pesquero vasco Alakrana, ayer, llegado el día de las aclaraciones, Félix Sanz Roldán despreció olímpicamente a los representantes de la soberanía nacional y se negó a aportar dato alguno.
El desplante se produjo ante la Comisión de Fondos Reservados del Congreso, que se reunió con carácter secreto, pero cuyo contenido, o mejor dicho la ausencia de él, se filtró de inmediato.
La cita parlamentaria sirvió solo para que el jefe del servicio de espionaje patrio, a las órdenes directas del Ejecutivo, rehusara dar explicaciones sobre el presunto pago del rescate por la liberación del atunero, que permaneció 47 días en manos de piratas somalíes en aguas del Índico y, como único razonamiento, trasladara a los partidos que se cumplió la ley «en todo momento» y que la institución que dirige no cometió ningún error durante la gestión de la crisis.
Derecho a callar
Según detallaron fuentes conocedoras del contenido de la reunión, el general Sanz Roldán argumentó que estaba amparado por la ley y se acogió a su derecho para no abordar siquiera cuál fue el origen del millonario pago a los corsarios, un dinero que, tal y como ha reiterado el propio patrón del buque, no salió de la empresa armadora. Ese mismo escudo legal ha sido utilizado reiteradamente por el CNI para negar incluso información al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso y que hace unos días volvió a remitir un requerimiento al Servicio de Inteligencia para que identifique a las «personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales» que pudieron participar como «intermediarios o destinatarios», una conducta que podría ser delictiva por constituir «colaboración con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería».
La actitud de Sanz Roldán, directamente responsable de errores tan notables como el engaño de un supuesto ministro somalí a sus agentes, que habrían entregado otra cantidad indeterminada de dinero a un timador profesional, o la incapacidad de detectar la estratagema de los piratas, que nunca desembarcaron a los marineros, sino solamente sus teléfonos móviles, fue acogida con enorme desagrado por los grupos de la oposición.
Por supuesto, no fue el caso de los socialistas, cuyo representante, el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, que fue el primero en abandonar la reunión, de apenas una hora de duración, comentó su «satisfacción» por las explicaciones recibidas.
Distinta fue la actitud de la representante popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, a través de fuentes del PP, expresó su «absoluta insatisfacción» por lo escuchado, de modo que el principal partido de la oposición no descarta adoptar «ulteriores acciones» para aclarar cuánto costó la liberación y de dónde salieron los fondos.
En la Comisión también estuvieron presentes los portavoces de PNV, IU y BNG, así como el presidente del Congreso, José Bono, mientras que el representante de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, no pudo acudir por enfermedad.
Además de la dirigente popular, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también salió de la reunión con un gesto bastante contrariado, mientras que el peneuvista Josu Erkoreka volvió a ejercer como palmero del Gobierno y aseguró estar «razonablemente satisfecho» con el desarrollo de la comparecencia.
En todo caso, su contento era bastante menor que el del propio Sanz Roldán, quien, sin aparente atisbo de ironía, aseguró que los diputados le pidieron explicaciones «sobre todo lo que consideraron necesario», y que él les había «respondido a todo».
