El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que otra subida del IVA «no está en absoluto encima de la mesa», pese a las recomendaciones que dio este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Desde hace días, se ha estado especulando con la posibilidad de que este impuesto pudiera aumentar hasta el 24%, algo que el responsable de Finanzas negó tajantemente.
Guindos admitió que el Gobierno ha adoptado «medidas duras» a lo largo de este año, aunque subrayó que las subidas de impuestos han sido necesarias para mantener el Estado de bienestar. «Lo que no se podía consentir era lo que teníamos hace un año con 92.000 millones de déficit, bancos zombis, un débito de tarifa también muy elevado. Ahora vamos en el camino de la corrección de los problemas y percibimos que el futuro va a ser más favorable que el presente», subrayó.
De hecho, el mandatario se mostró convencido de que 2013 será mejor que este año y que en 2014 se volverá a crecer y a generar empleo, después de que los problemas financieros que dieron lugar a la crisis se corrijan con una «medicina amarga» y de una forma «dolorosa» para los ciudadanos.
«Se están poniendo los fundamentos y la bases de la recuperación», aseguró el ministro y subrayó, asimismo, que el Ejecutivo no tiene previsto una bajada de las cotizaciones sociales para el próximo ejercicio, porque «la situación no lo permite», ni tampoco una nueva subida del IVA.
Tras afirmar que el Gobierno está sembrando la recuperación futura, el político insisitió en que España es una economía competitiva con empresas que tienen capacidad para medirse en el mundo y capaz de ganar cuota de mercado fuera de la UE.
«Este año, España tendrá una situación de equilibrio de la balanza de pagos y ese es el indicador más claro de que la economía española está en el camino de la recuperación», afirmó.
Por otro lado, el mandatario hizo hincapié en que el Ejecutivo, a día de hoy, ha decidido no pedir la asistencia financiera que activaría la intervención del Banco Central Europeo (BCE), lo que no cierra la puerta a que en el futuro pudiera hacerlo, aunque matizó que esta situación no implicaría «un rescate a la portuguesa».
En este sentido, De Guindos subrayó que, en cualquier caso, de producirse esta solicitud, se trataría de una intervención del BCE en los mercados de deuda para reducir los costes de financiación del país, recordando que «España ya fue rescatada en 2011», cuando el BCE compró deuda entre agosto y diciembre del año pasado.
No obstante, el ministro defendió que «la nación no necesita un rescate, sino que se eliminen las incertidumbres sobre el euro», destacando la mejoría registrada en los mercados a raíz de los recientes acuerdos sobre Grecia, sobre la intervención del BCE y sobre el establecimiento de un supervisor único europeo de la banca en 2014.
Por otra parte, el economista consideró que las recientes informaciones que apuntan a la posibilidad de que se convierta en el sucesor del luxemburgués Jean Claude Juncker al frente del Eurogrupo son «una mera especulación», aunque demostró su disposición, una vez más, a hacer «lo que le pida Mariano Rajoy, presidente del Gobierno».
Mientras tanto, la la banca nacionalizada -Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia- transferirá a la Sociedad de activos procedentes de la reestructuración ordenada bancaria (Sareb) por un valor conjunto de 36.085 millones de euros, operación que se materializará el próximo 31 de diciembre.
En concreto, Bankia trasladará activos por valor 22.318 millones de euros, lo que la sitúa como la entidad financiera intervenida que más activos entregará al banco malo. Catalunya Banc traspasará 6.708 millones, Novagalicia Banco 5.097 millones y Banco de Valencia 1.962.
Desahucios.- Todas las personas que hayan sido desahuciadas desde principios de 2008 podrán acceder al fondo social de viviendas que pondrán a disposición en breve las entidades de crédito y que estará compuesto por unos 6.000 pisos, según anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una emisora nacional.
El Gobierno ya tiene preparado el código que firmará con las entidades de crédito para poner en marcha esta medida con la que pretende aliviar la situación que atraviesan miles de familias en España. «Es una contradicción dolorosa que se estén produciendo desahucios en un país con 700.000 viviendas vacías, no se puede permitir», remarcó De Guindos.
Lo cierto es que, hasta ahora, desamparados por las leyes, miles de ciudadanos afectados por el mencionado problema encuentran apoyo en las movilizaciones sociales y en asociaciones que acuden a las sucursales para tratar de alanzar una solución negociadora.
De Guindos afirmó semanas atrás que el decreto para frenar dicha sangría, convalidado como ley por el Congreso, beneficiará a unas 120.000 familias en lugar de a las 600.000 previstas. Con lo que el ministro admitió que, de entrada, las limitaciones de esta norma legal es insuficiente, pese a que en la España del siglo XXI nadie debería quedarse en la calle por culpa de la crisis.
