Cada día que pasa, la carrera sucesoria de Alfredo Pérez Rubalcaba se va poniendo más y más cuesta arriba. Uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado del caso Faisán, ordenó identificar a sus usuarios por comunicar durante los días previos y posteriores al chivatazo con dos de los imputados en la causa, pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho. Ni que decir tiene que el PP en bloque ha pedido la dimisión de éste, así como las explicaciones del político madrileño.
Asimismo, un segundo terminal de éstos, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita de la cartera dirigida por el número dos del Ejecutivo, según confirmaron el martes fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro móvil.
El magistrado, que considera «preciso aclarar la real significancia de estas llamadas», responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números titularizados por esta Subsecretaría «durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006», así como su «citación para que presten declaración en calidad de testigos».
Tras estas nuevas revelaciones, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) no le dio «ninguna importancia» a que uno de los teléfonos que comunicaron con los imputados antes y después del soplo corresponda a Camacho. Además, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, advirtió de que «hay unos 200 teléfonos de tarjeta más sin investigar».
Mientras, la Confederación Española de este Cuerpo (CEP) estimó importante que se le llame a declarar ya que, a su juicio, se confirma el «componente político».
Las reacciones de los partidos, salvo la del PP, no existieron. Así, el líder del bloque conservador, Mariano Rajoy, señaló que los nuevos datos aportados refuerzan su «impresión» de que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «ha mentido».
Mucho más contundente fue el vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, que aseguró que el llamado caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán en 2006 es «como el GAL pero al revés» porque es «un caso de guerra sucia contra la Policía». Y ahora, añadió, «apunta» al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su hombre de confianza.
Camacho es secretario de Estado de Seguridad desde el 19 de abril de 2004. De 45 años, este madrileño fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia entre 1991 y 1993; y, según fuentes oficiales, lleva dos semanas reunido con su jefe para preparar la estrategia del Gobierno central contra el nuevo desafío de Batasuna.
Traidores.- El que fuera presidente de la AVT Francisco José Alcaraz se ganó muchas enemistades por su labor crítica con el Ejecutivo en materia antiterrorista. Los ataques recibidos le llevaron a renunciar al puesto. La plataforma Voces Contra el Terrorismo, liderada por Francisco José Alcaraz, exigió ayer la dimisión del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el caso Faisán, y defendió la necesidad que sea juzgado «hasta el último responsable de esta traición a España».
Asimismo, el dirigente de este colectivo denunció la «pasividad» del número dos del Ejecutivo ante las pruebas sobre la posible implicación de su brazo derecho en el Ministerio, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y advirtió de que se trata de «una ofensa» para las víctimas de ETA y muy especialmente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «que se juegan la vida para detener a los terroristas». Según subrayó Alcaraz, se trata de uno de los delitos «más graves» cometidos en la lucha contra los asesinos en España, por lo que es imprescindible la dimisión de Rubalcaba «como máximo responsable de este asunto. Así, invitó a los demócratas a la marcha del próximo sábado en Madrid «contra las mentiras y las treguas-trampa».
