El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer un paquete de medidas “novedosas” para controlar los gastos de la Generalitat de Cataluña y que suponen ‘de facto’ una intervención parcial de las cuentas de esa Comunidad.
Con la decisión adoptada en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión “ante la situación de manifiesta ilegalidad” en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Se trata, dijo, de un mecanismo “de control de pagos novedoso” en términos de la “intervención del Estado” ya que no se habían adoptado nunca antes. El Gobierno de Rajoy admite que “estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat”, pero las justifican por la “excepcionalidad de la situación” y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
