El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicó ayer que el Gobierno podrá sancionar a las comunidades que no cumplan con el déficit, un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención.
En declaraciones a los periodistas, tras participar en una reunión de la dirección del PP catalán, detalló que si una autonomía o una corporación local no cumple con los objetivos previstos, el castigo se materializará a través de «su participación en los ingresos del Estado».
Este mecanismo está contemplado en la Ley de Estabilidad, y Montoro defendió que es una normativa que proviene de Europa y que el Ejecutivo se limita a aplicar en España para así afrontar la salida de la crisis con garantías.
«La sanción es una penalización económica, y esta multa pasa por la aplicación de la financiación autonómica. Estos mecanismos son previos a los que sería una intervención. En definitiva, es lo mismo que se hace en Europa», sentenció.
Montoro precisó que también es aplicable a las corporaciones locales, y para las que se acojan al plan de proveedores del Estado, «su capacidad de devolver los créditos también estará vinculada a la participación de los ingresos del Estado».
Gran valor político
El ministro avanzó que no entendería la queja de la Generalitat ante esta medida, porque está contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obtuvo en el Congreso el apoyo de CiU: «Fue elegida por partidos nacionalistas. El PNV se abstuvo y CiU votó a favor. Esto tiene un gran valor, porque no necesitábamos esos votos». Montoro aseguró que la ley es vital para dar «credibilidad» tanto a España como a Cataluña, y sentenció que la norma fue, a su juicio, un gran éxito político.
Además, el responsable de Hacienda pidió a CiU que por «responsabilidad» apoye los Presupuestos Generales del Estado y retire la enmienda a la totalidad que la federación nacionalista presentó el viernes pasado.
«La posición política de CiU no debe ser restrictiva insistiendo en determinados planteamientos de inversión, sino que debería ser una posición responsable de unidad, de colaboración y de cooperación como la que está teniendo el Ejecutivo con Cataluña», sentenció.
Montoro insistió en que el Ejecutivo no pagará algunas de las partidas que adeuda al Gobierno regional, como la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, y subrayó que las inversiones que reclama la Generalitat no ayudan a la salida de la crisis, y que, en cambio, sí lo haría mandar un mensaje a Europa de que los presupuestos en España salen adelante con «mayorías parlamentarias muy amplias».
