El Gobierno rectifica y, tras haber excluido a Castilla y León del plan nacional presentado hace unas semanas contra los robos en el campo, anuncia ahora que la Comunidad contará con diez equipos Roca (unidades específicas de la Guardia Civil para la lucha contra los robos agrícolas). El delegado del Gobierno, Ruiz Medrano, explicó que hasta medio centenar de efectivos se integrará en estos grupos que se encargarán de vigilar e investigar las sustracciones en el medio rural, una lacra que se extiende por todas las provincias.
La alarma social y las denuncias de las organizaciones agrarias han provocado esta rectificación después de que los ministros de Interior y Agricultura, Jorge Fernández Díaz y Miguel Arias Cañete, respectivamente, presentaran un plan inicial que únicamente beneficiaba a 15 provincias, ninguna de ellas de Castilla y León. Ruiz Medrano manifestó que el Ejecutivo «se solidariza con todos los afectados, independientemente de que los datos de este año son mejores que los de 2012», según informa la Agencia Ical.
El delegado destacó la labor de la Benemérita y recordó que para frenar este tipo de robos el Gobierno reformará el Código Penal, para aumentar las penas a sus autores, e incrementará el control a las empresas compradoras en los «mercadillos ilegales». Igualmente, instó a los afectados a denunciar, porque «si no es una posibilidad más para el delincuente».
Tras presidir una reunión junto a la Guardia Civil, las organizaciones agrarias, las cooperativas, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, el delegado del Gobierno informó que en cada provincia habrá un equipo Roca, que integrará un máximo de cinco efectivos, excepto en Valladolid que habrá dos. El general de Brigada José Manuel Díez Cubelos, jefe de la 12ª Zona de la Guardia Civil, explicó que la provincia vallisoletana ocupa el puesto 22 en España en este tipo de delitos, la primera de la Comunidad.
Díez Cubelos señaló que estos equipos se dedican sobre todo a la investigación, pero ello «no evitará que también aumenten la vigilancia en ciertas comarcas y a ciertas horas vestidos de paisano cuando los robos se incrementan».
Las organizaciones agrarias agradecieron la rectificación del Gobierno y el esfuerzo para identificar los problemas. El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, alertó de que dejar fuera a la Comunidad hubiera supuesto un efecto atracción para los ladrones y destacó que se intensifique la vigilancia en el medio rural con estas unidades, a los que comprometió el apoyo del sector.
En los mismos términos se expresó el secretario regional de UPA, Julio López, quien reclamó un mayor control a los compradores a través de Hacienda, a la que pidió que «se apriete más las tuercas». Para concluir, el coordinador de UCCL en Valladolid, Ignacio Arias, destacó que es un «paso adelante tras un esfuerzo importante», pero coincidió con el resto en que es necesario modificar el Código Penal.
