El Gobierno de Mariano Rajoy propone la eliminación de los Defensores del Pueblo, en la Comunidad Procurador del Común, que existen en muchas autonomías como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que el Consejo de Ministros aprobará hoy y que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre las distintas administraciones.
En ese extenso documento, que se dará a conocer públicamente este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluye el calendario de aplicación de las medidas y el coste estimado de muchas de ellas. El gasto que implica mantener los defensores del pueblo autonómicos es una de las cifras que ha calculado el Ejecutivo, que aboga por su eliminación porque existe esa institución a nivel nacional, presidida en este momento por la exministra Soledad Becerril.
Fuentes del Ejecutivo admitieron que hay CC.AA en las que el Defensor del Pueblo autonómico, como ocurre en Cataluña con el Sindic de Greuges, tiene un «valor político mayor» y subrayaron que serán las comunidades autónomas las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El Gobierno recordó, además, que comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha ya han suprimido esa figura.
El Gobierno de Mariano Rajoy planteará estas medidas en forma de recomendación a las comunidades para que las apliquen y las utilizará como «guía de sugerencias» en el caso de que algún gobierno autonómico no cumpla el objetivo de déficit público para 2013 -que todavía está pendiente de definir- y necesite indicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El propósito del departamento que dirige Cristóbal Montoro es, por encima de las medidas de racionalización de la Administración, que las comunidades demuestren con cifras reales que están siguiendo la senda fiscal marcada desde la Unión Europea. Valorará las «cifras finales» del presupuesto, con independencia de que suprima o no organismos y elimine duplicidades.
En este sentido, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, valoró, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el borrador y sostuvo que el Ejecutivo autonómico acepta y asume las recomendiaciones que hace a la Comunidades ya que están en el «camino» emprendido por Castilla y León, para quien «la música no es nueva».
El portavoz aseguró que el Gobierno autonómico valora la reforma ya que comparte la necesidad de reformar la administración, que en opinión de la Junta tiene que ser «eficaz, austera, transparente y ágil». Además, apoyó que se ponga fin al solapamiento de instituciones, a las duplicidades y a los gastos «innecesarios». No obstante quiso matizar, como Rajoy, que España tiene una estructura administrativa «perfectamente dimensionada» y «muy eficaz».
