Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, quien ha anotado que casi con toda seguridad la solicitud será votada y aprobada por el pleno de la Cámara Baja del próximo jueves.
«El Gobierno no puede tolerar ningún riesgo de otro paro salvaje y debe asegurar el derecho de todos los ciudadanos a viajar, máxime en estas fechas durante el periodo madrileño», ha afirmado Alonso.
Se ha mostrado convencido el dirigente socialista de que la «mayoría» del Parlamento estará de acuerdo con la decisión de ampliar el estado de alarma.
En este punto, ha criticado la ambigüedad del PP sobre este tema y ha querido advertir al principal partido de la oposición de que «no le va a quedar más remedio que elegir con quién está: si está con el Gobierno y los derechos de los ciudadanos o está en contra de todo ello».
No ha querido adelantar, sin embargo, durante cuánto tiempo se pedirá la ampliación, y ha dicho que será el Gobierno el que determine el plazo esta tarde en su reunión.
Respaldo del Congreso. Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, pidió hoy el respaldo del Congreso de los Diputados para que la vuelta a la normalidad en la navegación aérea sea «permanente» y no se repitan hechos como el provocado por el abandono masivo de controladores durante el pasado puente de la Constitución.
Durante su intervención a petición propia en la Comisión de Fomento del Congreso para explicar la reforma de la navegación aérea y el conflicto de los controladores aéreos aseguró que «los controladores no pueden abandonar las torres de control en pleno tráfico igual que los médicos no abandonan los quirófanos en plena operación, por un elemental sentido de la responsabilidad exigible a cualquier persona adulta».
A su juicio, los hechos del puente de la Constitución no fueron «un episodio aislado, sino la culminación de un largo proceso de sucesivas amenazas, chantajes, actuaciones irregulares y coactivas».
Calificó las decisiones tomadas por el Gobierno para la reforma estructural del sector de la navegación aérea como «legales», porque estaban amparadas por la Constitución, y «adecuadas», porque respondieron de manera proporcional a la gravedad de la situación.
Además, dijo que fueron «necesarias» porque sin ellas no se hubiera podido garantizar el restablecimiento de la normalidad a corto plazo, y «eficaces», ya que hicieron prevalecer inmediatamente la legalidad sobre la ilegalidad.
El ministro explicó que el sindicato de controladores (USCA) presentó este año una propuesta que implicaba que en 2012 los costes de la navegación aérea en España fueran un 70% más elevados que en los mayores países europeos, y que los de prestar el servicio se incrementasen a 1.100 millones en 2014.
En esa misma oferta se pretendía que las retribuciones de aquellos controladores que pasasen a situación de inactividad a los 52 años cobrasen 170.000 euros anuales de forma vitalicia.
Fin al monopolio de AENA. Además, Blanco, anunció la liberalización parcial de 13 torres de control que se sacarán a concurso para nuevos proveedores distintos a AENA en «las próximas fechas» y a partir de 2012 el resto. El responsanle de Fomento, señaló que al liberalizar estos servicios entrarán nuevas empresas, además de AENA, en el control del tráfico aéreo.
Según el ministro, las torres de control que AENA va a liberalizar en una primera etapa en 2011 son Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla.
Después, y a partir de 2012, se liberalizará el resto, lo que, según Blanco, supone «romper el monopolio de AENA en la prestación de servicios de control aéreo en España».
El ministro explicó que se han identificado cinco grupos básicos de torres y que hasta el momento se han recibido varias solicitudes de empresas que están en proceso de certificación para realizar la gestión del tráfico aéreo, además de Ineco, ya certificado.
Las empresas son Saerco, ACS, Clece, Geswnaer, Indra y Ferroser (Ferrovial).
