El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, niega que el Gobierno central deba asumir alguna de las competencias que actualmente están en manos de las comunidades autónomas para fortalecer las capacidad del Estado y ganar eficacia en el entramado institucional de España. «Para avanzar y mejorar el modelo territorial, el Gobierno no necesita recuperar competencias, para que no se cercene ningún derecho en los territorios españoles lo que hay que hacer es aplicar la ley».
De Santiago intervino de esta forma en el debate surgido en las últimas semanas sobre la necesidad de reformar el Estado de las Autonomías en un momento de crisis. «Cuando se habla de reforma parece que es destruir y la reforma es para mejorar», sostuvo en ‘Los desayunos de Ical’, un formato que reúne a representantes de la vida económica de la Comunidad con directivos y periodistas del grupo Promecal.
En este sentido, abogó por abrir un «espacio de reflexión» sobre el modelo autonómico al que deberían sumarse «al menos los dos grandes partidos», aunque estaría abierto al resto de formaciones, también nacionalistas. El objetivo sería alcanzar un «gran pacto de Estado» que permitiera acabar con los «déficits» que se han podido percibir en 30 años de andadura constitucional que cifró en tres grandes bloques: duplicidades del modelo, falta de cooperación entre las comunidades con el Ejecutivo central y exceso de gasto por parte de algunas regiones y «voracidad competencial» en los nacionalistas.
Sobre la duplicidad del modelo, indicó que se ha producido «por las dos partes» ya que, por un lado, existen «Ministerios vacíos de competencias, que siguen con estructura» y, por otro, las comunidades autónomas en los años 90, que «queriendo ser diferentes al Estado, hemos creado las mismas instituciones». Por eso la pregunta que habría que hacerse es «si son necesarios 17 defensores del pueblo, por ejemplo».
Respecto a la falta de cooperación entre las comunidades y el Gobierno central, aseguró que «no se previó» y, por eso, ni la Constitución ni el bloque constitucional recogen ninguna herramienta de cooperación», razón por la que, dijo, en esta legislatura ha habido toda una estrategia de potenciación de estos acuerdos. Asimismo, reconoció que el proceso de descentralización ha supuesto «que las comunidades nos hemos mirado demasiado nuestro ombligo y eso ha creado, de forma inconsciente, ciertas barreras administrativas que han complicado la vida a los ciudadanos», por lo que insistió en que el «autonomismo útil para las personas, leal con el gobierno y los territorios y responsable» lleva a impulsar la cooperación horizontal para suprimir barreras.
El consejero puso en valor esa cooperación, impulsada por la Junta, que ha supuesto la firma de 25 convenios con las autonomías limítrofes y acuerdos con casi todas, excepto el País Vasco, Murcia y Canarias, y recordó que en España ha faltado esa «cultura» en estos años de creación del Estado de las Autonomías porque ni siquiera está recogido en la Constitución. «El título octavo quedó demasiado ambiguo y se ha ido más deprisa, por eso hay un déficit». «Se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de algunas zonas periféricas, porque ofreces y te ofrecen posibilidades que están dirigidas a la prestación de un servicio más cercano».
El tercer déficit del modelo autonómico que enumeró se refirió al «exceso de gasto» y a la «voracidad competencial» de algunas comunidades, especialmente, las nacionalistas. En este sentido, citó la creación de televisiones o policías autonómicas, algo que no ha hecho Castilla y León, por lo que insistió en que no todas son iguales. Así, recordó que el nuevo presidente catalán, Artur Mas, ha recortado un 25 por ciento el sector público de esa comunidad, pero mantiene 200 empresas frente a 20 en Castilla y León. Precisamente, un menor gasto administrativo y público es una de las razones de que la Comunidad «soporte mejor» la crisis y que haya obtenido buenas calificaciones financieras, como la que recientemente hizo pública la agencia Moody’s.
