El Gobierno negó que tenga previsto «privatizar actividad alguna de seguridad pública» y aseguró que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas «auxiliares» o «de apoyo», en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.
Así lo recalcó el Ministerio del Interior en respuesta al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno «extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar «a contratar seguridad privada» y, en concreto, «qué actividades de seguridad pública piensa privatizar».
En su respuesta, el Ejecutivo subrayó que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recordó a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos «en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto».
Vigilantes
Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incidió en que estas personas sólo realizarán «tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que, según recalcó, «son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios».
En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para apoyar a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.
El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
