Dentro de 14 años, un septuagenario no estará incluido en el grupo de personas en edad de trabajar, como se ha comentado en algunos medios estos días. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que las ideas del Gobierno sobre las pensiones «no van para nada» en la línea de aumentar la edad legal de jubilación hasta los 70 años (hoy está en 65 y un mes y en 2027 estará en 67 años).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro señaló que el texto que el Ejecutivo envió a los grupos parlamentarios sobre el factor de sostenibilidad «es un informe de derecho comparado» e insistió en que algunas de las cosas que se han publicado, como el posible alargamiento de la edad de jubilación legal hasta los 70 años, «no van a ser así».
El ministro destacó que el Gabinete popular está trabajando en dar «seguridad y fiabilidad» a los pensionistas y que no pueden producirse «subidas nominales de manera alocada», porque ello perjudica su bienestar social.
En todo caso y tras asegurar que el Ejecutivo tiene intención de consensuar el factor de sostenibilidad con agentes sociales y partidos políticos, Montoro subrayó que el 70% de los pensionistas, es decir, aquellos que cobran las pensiones más bajas, ganarán este año poder adquisitivo, pues sus pensiones han subido un 2% y la inflación cerrará el ejercicio «en el 1% o menos».
Por otro lado, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, antes del comienzo de la asamblea para preparar el próximo 1 de mayo y el Día deI Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que ponga en marcha una gran convocatoria social, política e institucional «a la vista del fracaso de las políticas económicas que se vienen desarrollando en España desde 2010».
El sindicalista señaló que ese gran pacto debería intentar consensuar un plan para atender «dos necesidades básicas ahora mismo, que son el desempleo y la protección social».
En primer lugar, animó a movilizar todos los recursos a disposición de la sociedad y reclamar a la UE el marco «adecuado» para poner en marcha un «plan de choque» contra el paro.
Después, indicó que la cifra «escandalosa» de 1.906.000 familias en las que no hay nadie trabajando debería mover a la revisión del sistema de protección social español, «que no significa simplemente ayuda económica, sino acceso a la vivienda o mantenimiento en ella de las personas que se ven obligadas a una ejecución hipotecaria».
Sin progresos adecuados
Por otro lado, el comisario de Empleo, y Asuntos Sociales de la UE, László Andor, consideró que las altas cifras de paro en España son «muy, muy decepcionantes» aunque que no «inesperadas», habida cuenta de «la falta de progresos apropiados para salir de la crisis».
El comisario recordó que prevé viajar a Madrid en las próximas semanas y que será la ocasión para conocer de primera mano las acciones para combatir el desempleo, evitando así pronunciarse ahora sobre las medidas que espera de Mariano Rajoy.
