Al término de la junta de Gobierno, el alcalde, Pedro Arahuetes precisó, como ya avanzó este diario, que la legalización está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones por parte de la propiedad.
Como se recordará, Urbanismo emitió un informe que consideraba que el polémico edificio de la calle de La Parra, sobre el que cernían diversas sentencias que ordenaban su derribo, podía ser legalizado si la propiedad cumplía con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble. Asimismo, la Comisión Territorial de Patrimonio emitió el 21 de diciembre un informe favorable a la legalización al entender que el edificio “no altera las características generales, de carácter y ambiente, del conjunto histórico de la ciudad”.
Arahuetes destacó que el Gobierno municipal socialista ha logrado resolver un problema que tuvo su origen hace casi 20 años; y aclaró que “no se trata de una decisión política” sino “legal”; señalando que incurriría en un delito de prevaricación si se negara a legalizar el inmueble en contra de los informes técnicos. “No es una cuestión de gustos, sino de legalidad”, dijo.
La casa fue construída sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 16 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el TSJ de Castilla y León, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales emitieron sentencias en este mismo sentido; ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble.
