Alberto Ruiz Gallardón ha encontrado un poderoso aliado en el Gobierno en su guerra particular con Esperanza Aguirre para hacerse con el control de Caja Madrid. El Gabinete de Zapatero presentará el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro aprobada por la Comunidad, que modifica los estatutos de la entidad y el reparto de poder en el seno de la cuarta firma financiera española. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró que la decisión se produce después de que el Consejo de Estado se pronunciara de forma «tajante» sobre la existencia de «fundamentos jurídicos suficientes para interponer una demanda ante el Constitucional».
La iniciativa se produjo solo unos días después de que la Asamblea General de Caja Madrid rechazara por 157 votos en contra y 87 a favor el nuevo proyecto de estatutos de la entidad aprobado por el Gabinete de Esperanza Aguirre en diciembre, que reduce de forma ostensible el peso del Ayuntamiento capitalino y dificulta la reelección de Miguel Blesa, apoyado por Gallardón, como presidente de la entidad. En concreto, el proyecto de Estatutos reduce la presencia del Consistorio en los órganos de mando de la sociedad de 70 a 24 representantes, al recortar del 70 al 30% el peso máximo de los cargos nombrados por los ayuntamientos en la entidad.
Solbes recordó que la reforma de la Ley se produjo correctamente, pero una vez se había iniciado el proceso de elección del nuevo presidente de la entidad, de forma «un poco chocante», ya que lo razonable es que las reglas de juego «se cambien antes de que éste empiece», apuntó. Para el Ministerio de Economía, lo importante es si las normas que se aprueban son «coherentes con la legislación actualmente en vigor», un tema discutible en este caso, dado que hay argumentos a favor y en contra, por lo que se tomó la decisión de enviar el asunto al Consejo de Estado para que diera su opinión.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que el recurso se justifica porque la reforma establece unas nuevas fórmulas de ponderación que hace que la representación de municipios e impositores «sea contraria a la proporcionalidad» establecida en la Ley 2003 de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros. Ese criterio determina que, cuando las entidades tengan abiertas oficinas en más de una Comunidad Autónoma, la representación en la Asamblea General de los distintos grupos (entre ellos, el de corporaciones locales y el de impositores) deberá ser «proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes regiones en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos. En el caso de Caja Madrid, el 64% de los depósitos proviene de la capital.
Para el Gobierno, la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios madrileños y otra para las localidades del resto de comunidades en que una caja de ahorros tenga oficinas abiertas- combinadas con las fórmulas de ponderación que se introducen, «producen como resultado una desviación de la regla de proporcionalidad» establecida en la normativa vigente.
