El Gobierno de Hungría advirtió ayer de que, si el Parlamento aprueba en diciembre el plan de cuotas para reubicar refugiados que impulsó la Comisión Europea, lo impugnará ante los tribunales, algo que ya han anunciado las autoridades eslovacas. El jefe del gabinete del primer ministro, Janos Lazar, insistió en la jornada de ayer en que “Hungría no quiere aceptar a nadie que ha sido expulsado”. “Nuestra idea es que habría que deportar (a los refugiados) a Grecia”, argumentó Lazar.
La Comisión Europea propuso un plan para reubicar a unos 160.000 refugiados en base a un sistema de cuotas que, según el Gobierno de Hungría, obligaría a este país a aceptar a 40.000 personas. El Ejecutivo de Viktor Orban siempre ha defendido que no tiene por qué asumir a unos refugiados que, de acuerdo a los protocolos vigentes, deben solicitar asilo en país de entrada.
Por su parte, la Policía alemana afirmó que el flujo incontrolado de refugiados hacia el interior del país representa una amenaza para la seguridad nacional, remarcando que más de 8.000 personas cruzaron la frontera entre Austria y Alemania tan sólo durante el miércoles. Alemania está luchando para hacer frente a la llegada de entre 800.000 y un millón de refugiados este año, y frente a esta situación la Policía está realmente preocupada por el incremento del radicalismo de la extrema derecha entre los alemanes.
“Los conflictos entre los solicitantes de asilo están aumentando, los ánimos entre los partidarios de la extrema derecha se están alterando. Esta dinámica me preocupa”, advirtió el líder de la Oficina Federal de Investigación Criminal, Holger Muench, añadiendo que la situación es “difícil y tensa”. Además, declaró que “la situación de seguridad en el país se está volviendo cada vez peor”.
