El Gobierno parece haber cogido el toro por los cuernos en un problema que, a día de hoy, ocupa el quinto lugar en las preocupaciones de los españoles: el terrorismo. Seis meses después de que ETA anunciara que no iba a cometer más atentados, la cohesión entre los presos de la banda es mayor, las expectativas de voto de la izquierda abertzale de cara a los comicios del próximo año en el País Vasco se disparan tras los éxitos cosechados en las elecciones municipales y generales, y el tiempo parece correr en contra del Ejecutivo central, que ayer dio un golpe de efecto con el Plan Integral de Reinserción que pondrá en marcha el Ministerio del Interior. La iniciativa plantea que todos los reclusos de la banda, con independencia de si entre sus condenas figura la de pertenencia a ésta, tendrán que firmar un documento renunciando expresamente a la organización criminal.
Actualmente, los reos que se acogen a la denominada Vía Nanclares ya tienen que dar testimonio escrito de que están al margen de la banda asesina, pidiendo perdón a las víctimas y mostrando su compromiso de hacer frente a las indemnizaciones y colaborar con la Justicia. A cambio, reciben beneficios penitenciarios como permisos, concesiones del artículo 100.2 -por el que pueden salir a diario de prisión- o el tercer grado previo a la libertad condicional.
En el nuevo cambio de rumbo previsto por el Ministerio, la moneda de cambio es el acercamiento a cárceles más próximas a sus casas, preferentemente del País Vasco, sin tener que pedir perdón, que antes era esencial para acceder al programa. Esta condición se exigirá a lo largo del mismo en los casos de los reos que quieran progresar de grado penitenciario.
Con este programa, el Gobierno pretende recuperar la iniciativa en su objetivo de dividir al colectivo de presos -500-, que habían visto cómo los emisarios de ETA en las prisiones les habían transmitido la idea de que se iba a producir una solución global a su situación, frenándose en seco las deserciones.
Esta situación la reconoció el propio ministro del Interior el pasado 20 de marzo durante una comparecencia en el Senado donde dijo que la Vía Nanclares «ha quedado en suspenso» desde el anuncio de cese definitivo de la violencia de la banda por las expectativas que generó en los etarras encarcelados la posibilidad de acogerse a beneficios «sin pagar peaje».
El Departamento que dirige Fernández Díaz tiene previsto poner en marcha esta iniciativa de manera inmediata, por lo que en los próximos días trasladará a los responsables de todos los centros penitenciarios en los que hay terroristas las claves para tratar de detectar a aquellos que estuvieran dispuestos a participar en los programas y las aulas de reinserción.
Según estas fuentes, se intentará contar con los reos que no reciben la asistencia de los abogados oficiales de la banda, los menos activos en la disciplina y las protestas organizadas por el colectivo en la cárcel o los que en el pasado manifestaron sus dudas acerca de la viabilidad de la violencia de ETA.
Asimismo, el plan consistirá en la organización de aulas para los penados en los que se les pondrá en contacto con la realidad social que les rodea teniendo como objetivo la reinserción. En estas clases, que comenzarán a realizarse en los próximos días, se impartirán valores de convivencia. Además tendrán acceso a la formación con el fin de prepararles a acceder a la vida laboral.
También se incluye en la nueva estrategia a los Grapo -30- y organizaciones islamistas -50-, así como integrantes de bandas dedicadas al crimen organizado -400-.
Debido a las distintas características de los presos terroristas, el Plan de Reinserción prevé una aplicación diferencia en función del grupo al que pertenezcan.
La iniciativa, según fuentes consultadas, tiene su origen en la declaración del pasado 21 de febrero en el Congreso por todos los grupos -excepto Amaiur y UPyD- en la que se instaba a la disolución de la organización criminal.
