El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estaría estudiando la posibilidad de presentar dos requerimientos de inacción contra Cataluña y País Vasco porque todavía no habrían aprobado su propia normativa de desarrollo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para la etapa de Primaria, pese a que haya comenzado a implantarse en 1º, 3º y 5º este curso 2014-2015 que estaría a punto de finalizar.
Así lo comunicó ayer el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez, durante la presentación en el ministerio del nuevo portal Web sobre la LOMCE, que incorpora información sobre el desarrollo de la normativa en las distintas comunidades autónomas. Asimismo, un mapa mostraría que Cataluña y País Vasco no habrían aprobado sus respectivos decretos para Primaria en este caso.
Tardanza
Si bien Sánchez señaló que ambas comunidades estarían en trámites de aprobar estos decretos para Primaria “en breve”, también advirtió de que lo harían “un año tarde” y que, por ello, el ministerio “se ha interesado por posibles requerimientos de inacción por no haberlos desarrollado a tiempo”. Según aclararon fuentes del Educación, se consultó a los órganos jurídicos de este departamento por esta posibilidad, pues es el ministerio el que debe presentarlo en este caso.
“En el caso de que el requerimiento no sea sustanciado, se abre un proceso contencioso y administrativo y ya es un juez el que dice si la cuestión requerida está de acuerdo o no con las competencias de normativa básica (del Estado) o de las competencias de la propia autonomía”, explicó el director general de Evaluación y Cooperación Territorial.
Esta no sería la primera vez que el departamento que dirige José Ignacio Wert presenta un requerimiento a una comunidad autónoma, pues ya lo hizo con Andalucía por la forma en que estaba aplicando la LOMCE en Primaria al incluir Educación para la Ciudadanía como asignatura de libre configuración autonómica.
La nueva web de Educación sobre la LOMCE refleja también que hay sólo cuatro comunidades autónomas —Aragón, Baleares, Castilla y León y Madrid— que ya han desarrollado su propia normativa de desarrollo de la ESO en este caso.
