Con el objetivo de dar salida al stock de viviendas a precios razonables, el Ejecutivo estudia conceder permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran un piso cuyo precio sea superior a 160.000 euros, según anunció ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Sobre esta medida, el presidente del Gobierno aseguró que no se ha tomado aún una decisión al respecto.
Jaime García-Legaz adelantó que «en unas semanas se va a poner en marcha una reforma del Decreto de extranjería para conceder permisos de residencia en España a foráneos que compren una vivienda a partir de un nivel de precio».
El secretario de Estado apuntó a los 160.000 euros como el límite de coste de los pisos que se fijaría en esta medida, un importe «equilibrado». «No se puede poner un límite más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia», añadió.
En cuanto a los destinatarios, Gargía-Legaz consideró que los mercados ruso o chino son en los que se detecta «una demanda importante de vivienda en España». Según indicó, se trata de una iniciativa en la que trabajan desde la pasada primavera los Ministerios de Empleo, Fomento, Interior y Asuntos Exteriores, y cuyo objetivo sería reducir el stock de pisos que existe en España, donde actualmente «no se ve mucha capacidad de compra por la falta de crédito».
De hecho, Rajoy hizo referencia a que el Ejecutivo quiere dar salida a las viviendas sin vender a precios razonables. El popular recordó, asimismo, que tras 17 meses seguidos de caídas de las ventas, en agosto y septiembre han mejorado. «Es un dato menor, pero es positivo», reiteró.
Según el presidente, España necesita vender estas viviendas y que el sector de la construcción salga «adelante» porque da trabajo a mucha gente, tanto por vía directa como indirecta. «Por tanto, es un sector importante para el conjunto de la economía española y espero que se recupere», aseguró.
Un 85,5 por ciento menos
Los datos del Ministerio de Fomento muestran que los extranjeros no residentes en España han reducido sus compras de inmuebles en un 85,5 por ciento desde antes de la crisis. A lo largo del primer semestre de este año solo se han vendido 1.363 viviendas a inmigrantes que no viven en el país, muy lejos de las 9.407 que se transaccionaron en el mismo periodo de 2006, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Y, a pesar de las intenciones del Ejecutivo, asociaciones de inmigrantes ven esta medida como «una burla a miles personas que durante años han trabajado en España y que ahora se tienen que marchar porque no pueden pagar el piso en el que viven».
«Es una tomadura de pelo, pues, con esta iniciativa solo incluye a colectivos como el chino y el ruso que tienen un poder adquisitivo superior al resto de inmigrantes que ahora se encuentren en el país», criticó el portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), Gilberto Torres.
Por su parte, el presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, Vladimir Paspuel, asegura que la mayor parte del colectivo de extranjeros «no tiene ni para sobrevivir» y considera que la nueva fórmula para conseguir un permiso de residencia le ha causado una «enorme sorpresa», porque se quedan fuera «miles de extranjeros».
