El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que el Gobierno está a «15 minutos» de hacer la ley que regulará la negociación colectiva, después de que CCOO y UGT no hayan podido llegar a un acuerdo en la materia con la patronal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba utilizó esta frase para recordar que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reconoció que el lunes estuvieron «a un cuarto de hora» de firmar un acuerdo, que no fue posible por una última propuesta de máximos de la CEOE.
Según el también ministro del Interior, todo lo consensuado antes de esos «15 minutos» será la base que utilizará el Ejecutivo para aprobar el próximo viernes (10 de junio) su ley de negociación colectiva.
El vicepresidente primero solo adelantó que la idea es potenciar la flexibilidad interna de las empresas sin que los trabajadores pierdan derechos.
Rubalcaba también lamentó que los empresarios y los sindicatos no hayan sido capaces de alcanzar un pacto sobre la reforma, ya que es «necesaria».
Al respecto, recordó que desde el Gobierno se les dio todo el tiempo posible a las partes para que negociaran, porque la apuesta del Ejecutivo era que la reforma se hiciera con acuerdo.
Al ser preguntado sobre si el Gabinete va a tener «tiento» a la hora de redactar la norma como le han pedido los sindicatos, el vicepresidente respondió que «con tanto tiento como tuvieron los agentes sociales para llegar a 15 minutos del acuerdo»
Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presentó en el Consejo de Ministros un «informe para la reforma del sistema de negociación colectiva».
Según informó el Ministerio, la propuesta de Gómez persigue el mantenimiento del «necesario equilibrio» entre las necesidades de las empresas y los derechos de los trabajadores.
Elementos novedosos
De acuerdo con Trabajo, entre los elementos «más novedosos» se encuentra el de acercar y dar un mayor papel a la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, potenciando las medidas de flexibilidad interna, así como una mayor capacidad de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias específicas de la firma.
Además, se trata de una reforma «profunda y ambiciosa», que pretende superar las «disfuncionalidades» reconocidas por los propios agentes sociales, tales como la atomización, la falta de orden y de dinamismo, o la falta de flexibilidad y agilidad.
Así, se contempla que el convenio sectorial ordene toda la estructura de la negociación, a la par que se amplían las materias que puedan ser pactadas en el ámbito de las empresas.
En materia de vigencia de convenios (ultraactividad) se apuesta por que cuando éstos expiren se resuelvan los bloqueos que mediante la mediación o el arbitraje.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, criticó que se culpe del fracaso del diálogo entre patronal y sindicatos sobre la reforma de la negociación colectiva a los empresarios y a la oposición, y subrayó que el Gobierno «no puede desentenderse».
Durante su intervención en la XXVII Reunión del Círculo de Economía que este fin de semana se celebra en Sitges, y ante un auditorio repleto de empresarios, Rajoy aprovechó su participación en el foro para reivindicar la necesidad de que sea el Ejecutivo quien tome las riendas de las reformas estructurales que, a su juicio, necesita España. «Los Gobiernos están para algo», sostuvo el dirigente popular, que se mostró abierto a dialogar con el Ejecutivo, pese a recordar que su partido presentó 71 enmiendas a la reforma laboral en junio de 2010 que fueron desatendidas por el Gabinete.
Mientras los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, acusaron a la CEOE de haber puesto unos límites cada vez más duros y de no haberse «atrevido» a alcanzar un pacto con los sindicatos, el presidente de la CEOE, Joan Gaspart, lamentó que la reforma que aprobará el Gobierno será light y dudó de su efectividad.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su parte, consideró que una de las tareas más urgentes de España es acometer un cambio profundo en el marco legal e institucional del empleo, y remarcó que no se puede esperar «ni un minuto» en lleva cabo la reforma.
