El Gobierno decidió crear el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, cuya misión será coordinar las actuaciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea, dando así cumplimiento al Tratado de Funcionamiento de la UE y al reglamento comunitario sobre investigaciones efectuadas por la Oficina Europa de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Para crear este nuevo departamento, el PP registró en el Congreso una enmienda al proyecto de ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que será aprobado mañana por la Comisión parlamentaria de Hacienda. En dicho texto, que recogió Europa Press, se estipula la creación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que estará integrado en la Intervención General de la Administración del Estado y será asistido por un consejo asesor que presidirá el interventor y del que formarán parte también representantes de los ministerios, organismos y demás instituciones nacionales con competencia en la gestión, control, prevención y lucha contra el fraude.
Este Servicio ejercerá sus competencias “con plena independencia”, para lo cual deberá estar dotado “con los medios adecuados”y además todas las autoridades y titulares de órganos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de otros organismos y entes públicos tendrán que colaborar y apoyar su trabajo. Asimismo la enmienda enumeró de forma más concreta cuáles serán las funciones del nuevo servicio creado.
