Con el aplauso del PP, que lleva meses propugnando medidas similares, y la censura de los sindicatos, que temen la «bancarización» de un sector hasta ahora más enfocado a la labor social, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) para que estas entidades puedan emitir cuotas participativas, un tipo de valores muy similar a las acciones, aunque conllevarán derechos políticos.
El límite de emisión de dichas cuotas será el 50 por ciento del patrimonio de las cajas de modo que se evite su posible desnaturalización, según explicó el jefe del Ejecutivo tras una reunión con representantes de la CECA.
A juicio del inquilino de Moncloa, se trata de una «reforma de calado, imprescindible para la modernización y la eficiencia de nuestro sistema financiero», que incluye también medidas para la despolitización y profesionalización del sector y que se aprobará a través de un decreto ley.
El socialista, que dio por concluido «todo el proceso de reestructuración» del sistema financiero, señaló que la reforma de la ley estatal de cajas es «urgente» y que éste es el momento «adecuado».
Tras la reforma, que Zapatero espera que cuente con un amplio apoyo parlamentario, así como de los Gobiernos autonómicos, las cajas contarán con un «abanico extenso» de fórmulas para captar capital. De hecho, al menos en opinión del secretario general del PSOE, la propia emisión de cuotas ganará atractivo, porque la propuesta suprime los límites hoy vigentes a la tenencia de estos títulos por un único inversor, al tiempo que se establecen principios de libertad de emisión y retribución de las cuotas, que se podrán emitir con derechos desde la entrada en vigor de la reforma.
Pero además, se abren otras vías, ya que la normativa recogerá la posibilidad de que las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección -lo que se conoce como fusión fría- tengan como entidad central a una sociedad anónima, que puede ser un banco, lo que les permitirá acceder directamente a los mercados.
Asimismo, se instituye la posibilidad de que las cajas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas. Se entiende que a través de esta fundación se decidirían las actividades de la obra benéfico-social.
No obstante, para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja, o sobre su régimen jurídico, la reforma incluye la necesidad de que cuente con el visto bueno de al menos dos tercios del consejo de administración de la entidad.
En cuanto a la profesionalización del sector, que el presidente definió como «el otro pilar de la reforma», se limitará «fuertemente» la presencia de representantes políticos en las cajas, ya que los cargos electos no podrán ser miembros de los órganos de gobierno y se impedirá asimismo la participación de representantes de la administración ejecutiva.
En consecuencia, la nueva ley incluirá exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de las cajas, entidades que ahora estarán todas obligadas a elaborar anualmente un informe de gobierno corporativo.
Bastante menos concreto, aunque igual de categórico se mostró Zapatero a continuación al manifesfar que la reforma del sistema de pensiones español «es necesaria, y es necesaria ahora».
Tal afirmación, que no llegó acompañada de más detalles, se produjo durante una rueda de prensa en Moncloa como comentario al informe de la Comisión Europea en el que se sugiere retrasar progresivamente la edad de jubilación en la UE hasta los 70 años en 2060 para evitar la quiebra de los sistemas de pensiones y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El jefe del Ejecutivo subrayó que dicho dictamen de Bruselas es una de las cuestiones que piensa abordar «con más profundidad» en el Debate sobre el estado de la Nación, que se celebrará los próximos 14 y 15 de julio.
En todo caso, el socialista adelantó que, en su opinión, el país debe modificar el régimen de pensiones y que el Ejecutivo, «por responsabilidad, va a poner en marcha los cambios con el máximo consenso político».
Cabe recordar que, durante los últimos meses, varios Estados miembros de la Unión han retrasado la edad de jubilación y otros planean hacerlo. Alemania, Países Bajos y Dinamarca la han situado en 67 años y Reino Unido en 68.
En España, el Gobierno presentó sus propuestas al respecto el pasado 29 de enero, y entre ellas se encontraba la de ampliar la edad legal del retiro de 65 a 67 años, una medida a la que se oponen los sindicatos.
