Tal como estaba previsto, el Consejo de Ministros cumplió ayer con el trámite de constatar que el estado de alarma que militarizó el control del espacio aéreo español a raíz de la huelga salvaje de los controladores, que abandonaron sus puestos de trabajo de forma masiva al inicio del pasado puente festivo de la Constitución, ha cumplido su misión fundamental tras permitir a los españoles volar con normalidad durante las fechas navideñas y haber «encauzado» el final del conflicto con dicho gremio.
Por tales motivos, al terminar el mes de prórroga decretado el día 16 de diciembre, el estado de alarma acabará esta noche a las 00,00 horas, según consta en el real decreto que revoca la militarización del control del tráfico aéreo y que fue firmado el jueves por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Al respecto, los controladores aseguraron que la normalidad continuará en todos los aeropuertos españoles a partir de ahora, como «es habitual», y destacaron que el trato de los militares ha sido de «absoluto respeto». Por boca de su portavoz y dirigente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, los profesionales dijeron estar «contentos» de que «por fin», después de «semanas de anomalía» vayan a recuperar su condición de «civiles, como el resto de españoles», pero advirtió de que la negociación laboral con AENA será «complicada» y durará «varios meses».
Durante la rueda posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo balance del decreto: «Entendemos que los objetivos se han cumplido, el primero y el más importante el de garantizar la normalidad en los aeropuertos en los primeros días y en unas épocas complicadas, donde los españoles que se han traslado en avión estas navidades lo han podido hacer con normalidad, por lo que nos sentimos satisfechos».
Además, el socialista quiso matizar que la declaración del estado de alarma fue «excepcional», pero insistió en que sus efectos han garantizado el derecho de los usuarios a viajar, que de una forma «espectacular y dañina» se ha visto mermado. Por otra parte, señaló que el final del conflicto laboral con los controladores aéreos está «encauzado», ya que ha habido diálogo entre AENA y el colectivo, y éste ha fructificado con algunas decisiones, «la designación de un árbitro, un catálogo de temas y un calendario».
Lo que no recordó el número dos del Gabinete es que el verdadero pulso estos trabajadores -que como media ganan 300.000 euros anales- con AENA viene de muy atrás aunque vivió su punto álgido a lo largo del pasado año, a raíz de la aprobación por parte del Gobierno de diversas normas para regular las condiciones laborales en las torres de control ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación del convenio y con el objetivo último de privatizar el sector, una pretensión a la que se oponen los controladores.
El último decreto, el que acabó con la paciencia del colectivo y motivó el plante masivo del 3 de diciembre, vio la luz justo ese mismo día y en él se fijaba unilateralmente el máximo de horas que podían trabajar.
Con independencia de quién lleve la razón, lo cierto es que el cierre del espacio aéreo causó daños millonarios y ha generado un aluvión de demandas de carácter penal, civil y militar a las que deberán enfrentarse los controladores, que fueron citados por la Fiscalía y se negaron a declarar.
Cabe recordar que el Ministerio Público, a instancias del Gobierno intenta que el colectivo responda por un delito de sedición al entender que no se trata de un mero conflicto laboral. De ser condenados podrían estar hasta ocho años encarcelados.
