Para despejar las no pocas dudas surgidas tras algunos globos sonda que insinuaban la posibilidad de alargar la vida laboral hasta los 70 años, ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quiso dejar meridianamente claro que el Gobierno no contempla ampliar el retiro más allá de los actuales 65 años.
Sin embargo, el titular de Trabajo sí matizó que la intención del Ejecutivo es conseguir que los empleados se retiren justo cuando se cumpla ese máximo legal, es decir, a los 65 años exactos, y no a los 63 años y 10 meses, como sucede ahora en la práctica. Con esta propuesta, se reducirían las jubilaciones anticipidas, dijo el ministro, porque «así se retiene a más gente activa en el mercado».
El responsable de empleo también abogó por «incentivar» la permanencia, siempre voluntaria, en el tajo más allá de los 65 años, aunque «ahora no debe ser obligatorio», aseveró.
Respecto a la relación del ministro con el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Corbacho argumentó que ha sido «enormemente respetuoso» con su situación y que espera que él y sus empresas resuelvan el problema lo antes posible, pero que se «opuso radicalmente» a su propuesta de bajar cinco puntos las cuotas empresariales a la Seguridad Social, porque «con esa medida se pone en riesgo la realidad de los pensionistas».
«Eso no lo voy a permitir mientras siga siendo ministro», indicó.
Corbacho rechazó que el actual Ejecutivo se encuentre «sometido a los sindicatos», ni que él haya «linchado» al presidente de la CEOE, sino que existe «coincidencia» con los planteamientos de las organizaciones sindicales, mientras que él tiene un «posicionamiento totalmente contrario» al de Díaz Ferrán en lo que a la reforma laboral se refiere.
El ministro alabó la función de los sindicatos al opinar que «muchos problemas se han resuelto por la negociación de CCOO y UGT», sin los cuales el «conflicto social estaría a niveles mucho más altos», a la vez que recordó que el presidente de la patronal planteó una rebaja de las cotizaciones sociales de cinco puntos, lo que pondría «en riesgo a siete millones de personas».
Corbacho aseguró ayer que el Gobierno espera que la negociación social se retome entre los días 15 y 20 de enero, y aclaró que las conversaciones entre la patronal y las organizaciones sindicales están «muy avanzadas». También añadió que ya se están produciendo principios de acuerdo, lo que pone de manifiesto el interés de ambas partes por obtener un pacto.
El titular de la cartera de Trabajo explicó que hay una voluntad de las tres partes de acudir a la mesa del diálogo no con una agenda cerrada y propia de temas, sino con una hoja de ruta de trabajo abierta, y apostó por un «diálogo permanente».
En este sentido, anunció que el Gobierno dará a conocer el día 22 de enero un informe, elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en colaboración con Economía y Hacienda, sobre las materias que deberían conformar esa agenda de trabajo del diálogo social, como por ejemplo el ajuste de los horarios, el empleo de los jóvenes o la intermediación laboral.
En cuanto al Pacto de Toledo y al sistema de pensiones, el ministro de Trabajo instó al PP a anteponer su «responsabilidad de Estado» al interés de partido en la negociación sobre la reforma de las pensiones ya que, según Corbacho, las prestaciones por jubilación han de ser «pensadas y garantizadas para los próximos 50 años». Así, explicó que la formación conservadora tiene que «garantizar un sistema que antes o después también le tocará a él gobernar».
El máximo responsable de empleo del Ejecutivo de Zapatero destacó que el Gobierno ve razonable pensar que 2010 será «el año de la recuperación económica» y que en ese período se deje atrás la «destrucción masiva de empleo» para empezar «una fase de generación» de puestos de trabajo.
Celestino Corbacho explicó que el Ejecutivo central prevé que en los tres o cuatro primeros meses se pase de tener «una economía en caída, en retroceso», a registrar una actividad «tímidamente en crecimiento». También apuntó que en el último trimestre del pasado ejercicio «todos los países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, están entrando en un cambio de tendencia, es decir, está habiendo un cambio de rumbo y una nueva vía hacia la recuperación general».
Reconoció que España crecerá en la medida en que lo hagan las otras economías, sobre todo las de nuestro entorno, y que la recuperación será lenta porque la crisis «ha tenido la fuerza de un huracán».
