El Gobierno colombiano refutó la acusación realizada desde la Procuraduría General de la Nación de que la suspensión de los bombardeos contra los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sea un “cese bilateral disfrazado” y aseguró que las Fuerzas Militares “no van a dejar de actuar” contra la guerrilla.
El encargado de dar la réplica a la institución que encabeza Alejandro Ordóñez fue el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, quien aseguró que “no se trata de un cese bilateral disfrazado”.
Actualmente, añadió, “hay una subcomisión del fin del conflicto donde hay presencia de militares activos, donde estamos discutiendo las características de un cese, ese sí definitivo y bilateral en el futuro, con suficientes garantías, verificación, un cese serio, un cese de verdad, para la finalización definitiva del conflicto”.
Así pues, la orden dada por el presidente Juan Manuel Santos de suspender durante un mes los bombardeos contra los campamentos de las FARC es transitoria. “No hay repliegue de la fuerza pública, no van a dejar de actuar, no van a suspender el control territorial”, aseguró, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Las fuerzas de seguridad seguirán trabajando “en particular combatiendo manifestaciones como la extorsión, el secuestro o el narcotráfico”, añadió, precisando que la fuerza pública actuará “en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales” si se produjera algún encuentro con la guerrilla y “no habrá repliegue”.
Coordinación
Por otra parte, ha aclarado que Santos no tomó su decisión “a espaldas del estamento militar y policial” sino que lo hizo de manera coordinada con las Fuerzas Militares y de Policía. Una vez expire el mes, “tomaremos las decisiones que dicten las circunstancias en ese momento”, puntualizó.
El jefe negociador justificó que “esta es una medida de construcción de confianza dirigida a continuar en un proceso de desescalamiento de la confrontación”.
Previamente, la Procuraduría había emitido un comunicado criticando la decisión anunciada este martes por Santos. “La orden de no seguir bombardeando campamentos ilegales de las FARC es realmente un cese bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia”, defendió la Procuraduría, lamentando que no se siga operando contra la guerrilla.
