El Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, una norma que elevará hasta 75 años las concesiones de casas cercanas a las playa, permitirá al Estado suspender los acuerdos municipales contrarios a la normativa y establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos. Además, modificará las normas del deslinde administrativo.
Según el Ejecutivo, el nuevo texto «protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral. Además, proporcionará seguridad jurídica a la sociedad».
Sin embargo, cuando se conocieron todos los cambios llevados a cabo, distintas organizaciones ecologistas coincidieron en criticar todas estas modificaciones puesto que consideraron que la ampliación de las concesiones a 75 años supondrán un gran daño ambiental.
Por su parte el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que «la reforma tiene como objetivo primordial el de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales».
Según enumeró, «hay 10.000 inmuebles en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, solo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición».
El titular de Agricultura también justificó la reforma de la norma «por la imagen que se generaría de España» al efectuar «demoliciones masivas de viviendas».
En cualquier caso, señaló que «todo lo que sea ilegal en la costa será derruido y se actuará sobre ello», en alusión al hotel construido en El Algarrobico (Almería). El polítco andaluz hizo alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que se pueda comprobar «si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público».
Según argumentó, «existen cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo». De ellas, 1.700 son industriales mientras que más de 3.000 son chiringuitos (1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
Más defensa
Entre otras actuaciones, la Ley introduce cambios en relación con el uso de las playas. La reforma contempla un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las éstas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los lugares naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
Asimismo, se impiden nuevas edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre «y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en las ya existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Los bienes de DPMT deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad».
