El Consejo de Ministros aprobó este viernes un plan para luchar contra la radicalización violenta centrada especialmente en el terrorismo yihadista a través del cual se establecerá el marco de actuación para las instituciones públicas y diferentes colectivos de la sociedad civil. Entre otras medidas, el Ejecutivo se comprometió a plantar batalla al relato yihadista difundiendo una contranarrativa a su mensaje violento, principalmente en Internet, y creará grupos locales en cada municipio para la rápida detección de posibles conflictos.
Cada grupo local estará formado por representantes de la Policía Local, Policía Autonómica en su caso, Ayuntamiento, Juzgados, Centros Escolares, Asuntos Sociales, Entidades Sociales y Colectivos de Riesgo. Para facilitar los trabajos se diseñó un sistema específico de intercambio de información entre la Administración Local y la Central. Los grupos locales se constituirán en comisión delegada específica en las juntas de seguridad que estará presidida y coordinada por un delegado de participación ciudadana que será un policía nacional o un guardia civil.
Aquellas comunidades autónomas que cuenten con Policía propia podrán crear grupos autonómicos, que incluirán al cuerpo policial autonómico. La coordinación de estos grupos asegurará la obligada colaboración entre las Fuerzas de Seguridad nacionales y autonómicas. Estos grupos autonómicos conocerán los casos cuya complejidad exceda del tratamiento local o provincial. Por otra parte, está previsto una conexión específica con Instituciones Penitenciarias sobre el tratamiento de la radicalización de los internos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar esta iniciativa. “Entre 1996 y 2012, siete de cada diez condenados por yihadismo en los tribunales españoles se habían radicalizado en España y de ellos, el 80 por ciento lo hizo por Internet”, destacó el ministro a la hora de justificar este plan, que tiene por objeto atacar el yihadismo desde el punto de vista de la prevención, es decir, actuar antes de que una persona sea adoctrinada y decida cometer un atentado.
El denominado ‘Plan Estratégico Nacional de la lucha contra radicalización Violenta’ supone un elemento de coordinación entre ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, diversas instituciones y la sociedad civil para “poder actuar a tiempo contra posibles brotes de radicalización”. Se tratará por tanto de un plan interministerial que beberá de otros planes estratégicos tanto a nivel Europeo como nacional.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tuvieron una primera conversación para cerrar un acuerdo en materia de lucha contra el terrorismo yihadista.
Según informaron fuentes socialistas, el jefe del Ejecutivo y el líder del principal partido de la oposición mantuvieron una conversación y se emplazaron a seguir hablando “con la voluntad de llegar a un acuerdo”.
El secretario de Organización del PSOE, César Luena, explicó que el PSOE está trabajando para que haya un acuerdo “fuerte” y “global”, al que esperan que se sumen otras formaciones.
Preguntado por la referencia que hará la proposición de ley a la prisión permanente revisable —al incluir la aplicación de la pena más alta, será este nuevo castigo introducido por el PP—, Luena subrayó que el PSOE “ni asume ni apoya nunca la permanente revisable y muchísimo menos la cadena perpetua”.
