El Gobierno indultó ayer al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paraliza la ejecución de la sentencia y podrá seguir en su cargo.
El Consejo de Ministros en funciones decidió «indultar parcialmente» a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, «una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes y conforme a lo dispuesto en la Ley».
Según la nota de prensa remitida por el Ministerio de Justicia, «la concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos ocrridos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en casos como este».
En la rueda de prensa posterior a la reunión, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se limitó a admitir que «se había tratado» este asunto, sin explicar los argumentos ni, tampoco, por qué se ha decidido sobre este tema ahora, con el Ejecutivo en funciones».
El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto, que entonces presidía Sáenz después de adquirirlo el Santander, emprendió una recuperación de créditos dudosos.
En ese marco, el banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar – consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde- presentaron una querella, que fue admitida la Audiencia Provincial de Barcelona, al entender que Sáenz y los otros dos condenados «tenían conocimiento de que los hechos imputados a los empresarios no eran ciertos» y que actuaron de esa manera como «medida de presión» contra los industriales.
De esta forma, en 2009, el tribunal condenó a Sáenz a tres meses de prisión e inhabilitación por el delito continuado de acusación y denuncia falsa.
Las principales asociaciones de jueces emplazaron al Gobierno a explicar los motivos de su decisión al considerar que el indulto concedido por el Ejecutivo supone una «inmersión» en los fallos judiciales.
