La epidemia de El Prat pasa factura. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que liberaliza la prestación de los servicios de navegación área y abre la posibilidad de encomendar el control del tránsito a controladores privados ajenos a la empresa pública AENA.
Esta norma, que desarrolla la aprobada el 14 de abril, establece el procedimiento específico que habrán de seguir los proveedores de servicios de este sector para obtener la certificación que les habilite para desempeñar su actividad en España.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró que se trata de un reglamento muy técnico, que establece el procedimiento para la obtención, renovación y modificación de los certificados precisos para desarrollar el trabajo de proveedor de los servicios civiles de tráfico aéreo.
La decisión no sentó nada bien a los controladores que actualmente operan. De hecho, consideraron que se trata de una medida política y empresarial, y estimaron que, más que abrir las terminales a otros proveedores de servicios, se debería haber buscado «más personal aquí» a través de AENA.
Daniel Zamit, portavoz de la USCA, indicó que «esta operación trata de privatizar las torres y los centros de control de los aeropuertos», y añadió que «ahora se pueden entender las campañas mediáticas que estamos sufriendo». A su juicio, resulta «vergonzoso» que se haya «denigrado» a este colectivo con una estrategia que lo único que intenta es «esconder, por todos los medios, una decisión política», y que se ha llevado a cabo «cargando las tintas sobre un grupo que está sacando el trabajo a costa de su salud».
Asimismo, el Real Decreto incorpora la normativa comunitaria de Cielo Único Europeo, cuyo objetivo estratégico es mejorar la eficacia global del sistema de navegación aérea en el Viejo Continente incrementando a su vez la seguridad.
De acuerdo con el reglamento europeo será la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Asesa) la que se encargue de emitir los correspondientes certificados y de verificar que los proveedores de servicios de navegación aérea cumplen los requisitos de la UE.
A la posibilidad de que controladores privados asuman las tareas de navegación aérea en algunos aeropuertos se suma la entrada de la universidad en la formación de estos profesionales. Así, la Camilo José Cela de Madrid anunció recientemente que el 16 de agosto iniciará un curso privado, el primero, para la formación de controladores aéreos, que contará con 24 alumnos. El número de aspirantes multiplicaba por ocho al de los seleccionados finalmente.
No obstante, y mientras se forma la reserva de la que habló el ministro Blanco estos días, la tensión continúa. La Sociedad Española de Control del Tránsito Aéreo (Sodecta), que representa a los controladores militares, exigió una «inmediata y urgente» rectificación al Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Civil (Copac) para reparar su imagen de este colectivo. En caso de no producirse, lo denunciará. Además, la asociación recordó que sus efectivos llevan más de 30 años gestionando aviones civiles en los ocho aeropuertos militares abiertos al tráfico aéreo civil.
Ahorro
Como era de esperar, la esfinge del ahorro miró ayer a otro sector, tras el varapalo sufrido el jueves por las grandes constructoras. Y éste era ni más ni menos que el turismo que, a pesar del volcán islandés de apellido impronunciable y pésimo recuerdo, remonta el vuelo con seguridad. Y es que el Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva reducción de altos cargos que supondrá la eliminación de tres secretarías de Estado, dos secretarías generales y tres direcciones generales, con las que ahorrará cerca de dos millones de euros. Entre las afectadas se encuentra la de Turismo, cuyo titular, Joan Mesquida, aceptó seguir en su puesto rebajando su rango al de secretario general.
La noticia fue mal recibida por las Cámaras de Comercio que, aparte de pedir una mayor implicación al ministro Sebastián, lamentaron la supresión del departamento, aunque no el hecho de que se cuente con Mesquida.
Por su parte, la Alianza para la excelencia Turística (Exceltur) lamentó «profundamente» la decisión, pues hace «más complejo» el escenario del sector, que «requiere más que nunca de la mayor atención y liderazgo institucional». También se mostró contraria la Confederación Española de Hoteles pues el Real Decreto «refleja una indudable rebaja de rango para el sector dentro de las prioridades del Gobierno».
Según Exceltur, es necesario «un cambio inaplazable» en este motor económico, especialmente en el segmento de sol y playa, con «múltiples medidas estructurales y transversales aún pendientes» que «exigen de la existencia de una coordinación al máximo nivel».
