El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con la Junta de Andalucía en la demolición del hotel El Algarrobico (Almería) y la posterior restauración del enclave, aunque subraya que la competencia en este caso es autonómica, puesto que la instalación hotelera se ubica en zona de servidumbre de protección.
Así, el Ministerio “reafirma su compromiso” para devolver la zona a su estado anterior al inicio de las obras del hotel en 2003, según se acordó entre la Administración central y la Junta de Andalucía en 2012, tras encomendar a TRAGSA realizar un estudio sobre las actuaciones necesarias para demoler y restaurar la zona. Este estudio presupuestó el proyecto en 7,17 millones de euros.
El Gobierno se pronuncia así después de la sentencia del Tribunal Supremo que aclara que El Algarrobico se asienta sobre un terreno “no urbanizable” y, por tanto, la instalación debe retirarse. En todo caso, recuerda que este asunto se refiere a “competencias municipales y autonómicas” pues aborda la clasificación del suelo desde el punto de vista urbanístico y sobre su titularidad.
El hotel comenzó a construirse en 2003 ocupando parcialmente una zona de servidumbre de protección, un ámbito donde las competencias son autonómicas.
Posteriormente, el deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo costero donde se ubica el hotel, aprobado en una orden ministerial del 8 de noviembre de 2005 fue declarado “conforme a derecho” definitivamente por sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo y 18 de julio de 2012. Así, el Ministerio confirma que “no hay pendiente ningún pronunciamiento en relación con esta cuestión”.
En todo caso, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señaló ayer que el Gobierno debe ahora “analizar al detalle la sentencia” del Tribunal Supremo, que aún no conoce, para “determinar sus consecuencias y velar por su estricto cumplimiento”, dentro del respeto al marco competencial que regula una situación tan compleja.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, manifestó ayer que por fin “se ha hecho justicia”, después de que el Tribunal Supremo estimase los recursos de Greenpeace España y del Gobierno autonómico contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Díaz recordó que, en lo que respecta a la restitución del patrimonio natural en el entorno, hay un convenio firmado entre el Gobierno central y la Junta para que “lo antes posible cada uno hagamos lo que tengamos que hacer y empiece el derribo cuanto antes”.
Por contra, el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, aseguró que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo pone de manifiesto el “incumplimiento” de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras como administraciones “responsables de la ordenación del territorio y el urbanismo”.
“El que tenga la responsabilidad tendrá que hacerse cargo de la demolición, otra cosa es que se solicite ayuda al Gobierno”, consideró Lorca, quien pese a ello detalló que el Ejecutivo “en cualquier momento” estará abierto a participar con la Junta.
