Olvidado ya el gesto de realismo del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien durante las últimas semanas se ha cansado de repetir que la reforma laboral que hoy aprobarán las Cortes no servirá para generar empleo, el Gobierno puso ayer en marcha su maquinaria propagandística para intentar convencer a los despistados de que los cambios normativos, que básicamente consisten en abaratar el despido, propiciarán la creación de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos, de los que el 1,33 millones, el 56 por ciento, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida, que lleva aparejada una indemnización de solo 33 días por año trabajado.
Así consta en la voluntarista memoria de impacto presupuestario que acompaña al decreto ley de reforma que convalidará el Congreso de los Diputados y cuyo coste estimado será de 740,55 millones de euros hasta 2012, de los que 123,62 millones corresponderán al abono por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días de indemnización por cada despido en los contratos indefinidos.
Según los cálculos del Ejecutivo, el Fogasa, que se nutre de cotizaciones sociales, tendrá que atender a 179.145 extinciones de contratos con salarios medios diarios de 86,3 euros, de modo que el organismo público deberá desembolsar 690,1 euros por cada uno hasta el 1 de enero de 2012, fecha en la que está prevista la puesta en marcha del futuro fondo de capitalización individual al que contribuirá cada asalariado para autocostearse su propio despido.
En materia de bonificaciones a la contratación, el Ejecutivo prevé gastar 471,17 millones, de los que la mayor parte corresponde a los incentivos de contratación indefinida de parados mayores de 45 años durante tres años, que alcanzarán los 212,88 millones. Asimismo, bonificar la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años con especiales problemas de empleabilidad supondrá 124,17 millones, mientras que la conversión en contratos indefinidos de las relaciones en formación y prácticas sumarán 53,58 millones.
También el Gobierno estima que la exención de cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores en contratos para la formación, que para 2010 se fija en 450 euros anuales para el empleador y 73 para el asalariado, alcanzará los 80,54 millones. Asimismo, el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, una copia del llamado modelo alemán, supondrá 116 millones.
Tal aluvión de cifras no logró cambiar la percepción negativa de casi todos los agentes socioeconómicos, cuyas críticas lamentan lo tibio de los cambios en algunos casos y el recorte de derechos en otros.
Entre los primeros está el PNV, que hoy se abstendrá por considerar los cambios «insuficientes y limitados», además de no respetar «la existencia de un marco sociolaboral vasco». En todo caso, lo cierto es que ese pronunciamiento allana de facto la aprobación del proyecto por parte del PSOE.
Por parte de los que censuran la reforma por sus excesos, UGT insistió en que «por el camino de los recortes sociales no se van a solucionar los problemas del empleo y de la economía».
El sindicato recalcó que el nuevo marco jurídico no creará empleo, no reducirá la dualidad y abaratará el despido y, además, romperá la negociación colectiva.
Bastante más ambigüo se mostró el PP, quien, por boca de su vicesecretario de Comunicación Esteban González Pons, emplazó al Gobierno a que llame al partido conservador antes del «último minuto» para explorar vías que permitan un hipotético acuerdo que se traduzca en un voto positivo de los populares, ya que «hasta ahora», según explicó el valenciano a falta de menos de un día para la votación, no hay «una postura máxima cerrada».
