El Gobierno está dispuesto a cambiar la legislación cuanto antes para que grandes empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica, asuman las prestaciones por desempleo de las prejubilaciones que provienen de despidos pactados.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, aseguró ayer que hay dos proyectos legislativos en marcha -la reforma de las pensiones y la de las políticas activas-, que deben aprovecharse con el fin de que «no tarde demasiado» el cambio en la ley que rige las prejubilaciones.
«Hay instrumentos suficientes para poder aprovechar el tiempo y que no tarde demasiado este tipo de reformas», sostuvo.
Según Gómez, cuando una empresa tiene suficiente tamaño, un nivel alto de beneficios y presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) que implica despidos con consumo de paro, la firma «debe contribuir a disminuir el gasto y pagarlo».
En el caso de Telefónica, añadió que «no es propio de una compañía socialmente responsable» que anuncie un ERE al mismo tiempo que establece un plan de incentivos «millonarios» para sus directivos.
El titular de Trabajo insistió en que despedir de forma pactada con los trabajadores es un derecho que existe, pero dijo que cuando se trata de empleados que no van a buscar activamente trabajo, la empresa debe asumir las cargas del sistema de prestaciones.
Pidió que el PP se sume a la iniciativa legislativa que presentará el PSOE, como enmienda, a algunos de los dos proyectos laborales que se tramitan en el Congreso.
No obstante, señaló que esta iniciativa intentará ser pactada con los agentes sociales, para discutir detalles, cómo la definición del tipo de empresa y sus trabajadores o el nivel de beneficios que debe tener. Gómez también recordó al PP que Telefónica aplicó un ERE con miles de despidos a partir del año 2000, cuando gobernaba José María Aznar, y «absolutamente nadie pidió explicaciones».
Y es que ayer mismo, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, pidió la comparecencia en el Congreso del responsable de Trabajo, para que «explique sus actuaciones en relación al ERE de Telefónica. A su entender, es «paradójico» que el Gobierno impulse la jubilación a los 67 años y al mismo tiempo se estén comprometiendo prejubilaciones en compañías que son muy importantes para la economía nacional.
Sin embargo, el ministro de Fomento, José Blanco, dijo que el proyecto de endurecer las normas para jubilaciones anticipadas, especialmente en firmas con ganancias, no está vinculado al anuncio de Telefónica de reducir su plantilla en un 20% que afectaría a unas 6.000 personas, porque «cuestan demasiado a los españoles».
Por otro lado, el próximo 27 de abril se configurará el comité de intercentros de Telefónica, lo que permitirá a los sindicatos iniciar las negociaciones de los ERE.
