El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró que en la actualidad las demandas colectivas, como las que proliferan últimamente en relación con reclamaciones por aplicación de clausulas suelo a hipotecas, la salida a bolsa de una entidad financiera o la compra de acciones preferentes, no estarían adecuadamente reguladas, y apostó por abordar su regulación durante la próxima legislatura. “Hemos conocido en los últimos tiempos una multiplicidad de demandas de ámbito civil, o penal, más bien civil, y no tenemos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, una manera de encauzarlas adecuadamente”, reconoció Catalá en una entrevista concedida a Europa Press.
El ministro creyó que este asunto podría abordarse con el objetivo de “simplificar esos miles de asuntos que van cayendo por juzgados de todas partes y que generan mucha carga de trabajo, y que se podrían acumular fácilmente para obtener una simplificación y una mejor atención de las demandas de los ciudadanos”.
Además, el Partido Popular incluirá en su programa para la próxima legislatura la atribución al fiscal de la instrucción de los delitos, un cambio de modelo que según el titular de Justicia quedó pendiente en el calendario de reformas que habría llevado a cabo su departamento, que está “extendido en toda Europa” y al que “se debería caminar” en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
“Se trata de una reforma tan estructural, tan profunda, que no puede hacerse en el último minuto de la legislatura, pues requeriría cambios en el Estatuto Fiscal, dotaciones de plantilla en la Fiscalía la creación del juez de garantías, y todas estas medidas lo hacen más un proyecto de principio de legislatura que plantearemos en nuestro programa”, afirmó.
La creación del fiscal instructor se incluiría, según manifestó el ministro, en el grupo de medidas reformistas que habrían quedado pendientes, junto con la organización territorial de la Justicia, ya que la eliminación de los partidos judiciales se aparcó por las tensiones que generó en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Además descartó como prioridad la reforma de la Ley del Indulto. “El diseño de proyecto para la legislatura era muy ambicioso”, señaló el Ministro, que realizó un “balance moderadamente satisfactorio” del resultado al considerar que su Ministerio fue capaz de “sacar adelante lar reformas necesarias para reformar, agilizar la justicia, mejorar su organización y lograr que sea más cercana al ciudadano”.
No obstante reconoció que “quedan muchas cosas por hacer” puesto que muchos de los cambios han visto “limitado su ámbito” debido a que parte de las propuestas no generaban el consenso suficiente. En este punto situó Catalá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que en un principio planteó la posibilidad de modificar la planta judicial en este sentido.
“Ello generó tensiones importantes con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, por lo que entendimos que el debate quizá no estaba maduro suficientemente y sacamos dicho contenido —explicó el ministro—. La organización territorial de la Justicia queda para la próxima legislatura”.
Otro asunto pendiente es el de la gestión de los registros públicos, y en este punto Catalá reconoció que aún no han definido si éstos van a ser finalmente desjudicializados tal y como se planteó en 2011.
