La recomendación del vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Olli Rehn, apoyando la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que España logre un pacto entre empresarios y sindicatos para rebajar los sueldos a los trabajadores un 10%, con el objetivo de crear puestos de trabajo, sigue trayendo cola. Para calmar los ánimos, y sumándose a las protestas generalizadas, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, afirmó ayer que «no está en agenda» del Gobierno reducir los salarios en el país, ya que, según él, esta sugerencia por parte del FMI y del comisario de la CE sería, simplemente, un «disparate».
Barreda subrayó, al preguntarle por posibles modificaciones en la reforma laboral, que «lo más que se pueden hacer son retoques», ya que está «funcionando y está dando buenos resultados» en este primer semestre de 2013, en el que el país «ha creado empleo por primera vez en varios años».
«Es la senda que queremos seguir, continuar garantizando que funciona la reforma laboral, el Gobierno ya ha rechazado por boca de sus portavoces esa propuesta del FMI que, simplemente, nos parece un disparate. La sociedad española ha hecho ya muchos esfuerzos y eso de reducir los sueldos un 10% no está en la agenda»,
Por otra parte, el Ejecutivo aseguró que el pago de las prestaciones por paro está «garantizada» ya que, en caso de quedarse corta la asignación consignada a este fin en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, la Ley General Presupuestaria autoriza a financiar esta partida recurriendo al crédito.
El departamento que dirige Fátima Báñez recordó que los préstamos para las ayudas por desempleo «son ampliables», tal y como determina la Ley General Presupuestaria y las cuentas anuales que aprueban las Cortes, por lo que «en caso de ser necesario se procederá a tramitar el oportuno expediente de ampliación de crédito para dotar las ayudas por el importe correspondiente».
No obstante, el Ejecutivo cuenta con que la presión que el número de desocupados ejerce sobre las arcas públicas se reduzca en lo que queda de año, provocando una «esperada minoración de gasto en la protección por desempleo», gracias a las medidas aprobadas para reactivar la actividad económica y la creación de trabajo.
En este sentido, Empleo reconoció que entre enero y abril de 2013 el gasto en esta partida ha aumentado un 0,8% con respecto al mismo período del año pasado, pero confía en que «ese gasto se irá reduciendo de forma progresiva en los meses siguientes hasta alcanzar al final de este ejercicio valores inferiores a los de 2012».
Pese a estas previsiones, el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio autorizó ya un suplemento de 5.850 millones de euros para el Servicio Público de Empleo Estatal destinado a satisfacer «las obligaciones de pago» del organismo público, y que se articulará como una «línea de crédito» cuya disposición estará en función «de las necesidades de tesorería» del organismo.
Según explicó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, este montante se destinará al pago de dichas prestaciones, a las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de contratos acogidos a medidas de fomento del empleo y a compensar la disminución de ingresos por cuotas de formación y desempleo.
