El Gobierno tiene preparada ya toda la batería de medidas jurídicas necesarias para frenar el desafío soberanista catalán y las posibles desobediencias de los independentistas ante las resoluciones de los tribunales. En esa hoja de ruta se han incluido medidas para que la respuesta sea proporcionada, gradual y vaya ‘in crescendo’ en función de las actuaciones que vaya desarrollando el Ejecutivo catalán, ahora en funciones. Pero además, el Gobierno estaría decidido a aplicar en paralelo medidas económicas que muestren a la Generalitat que es imposible su ruptura con España.
Entre las medidas judiciales está el ya anunciado recurso que presentará el Ejecutivo contra la resolución para iniciar la “ruptura” acordada por JxSí y la CUP, una vez que ésta sea aprobada en el Parlamento catalán. Pero también se contemplarían otras medidas como las recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria —la “retención de créditos” o el envío de los “hombres de negro”—, hasta la utilización de la Delegación del Gobierno para obligar a que se ejecuten las sentencias de los tribunales en este caso.
En última instancia, al Gobierno siempre le quedará la utilización del artículo 155 de la Constitución, con el que se puede llegar a suspender la autonomía aunque se puede aplicar gradualmente y en función de los pasos que vaya dando la Generalitat. Sin embargo, el Ejecutivo tratará, en la medida de lo posible, de evitar su aplicación. De hecho, hasta el propio Rajoy ha asegurado que intentará no tener que llegar a esa situación.
Lo que ya parece inevitable es que hoy se celebre el pleno del Parlamento catalán para aprobar la declaración de JxSí y la CUP con la que declaran “solemnemente” el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república” sin supeditarse a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional.
En esta resolución mandarán al Gobierno catalán a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ruptura y para ello le pedirán que inicie, en el plazo de 30 días, la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública e instarán al futuro Ejecutivo catalán a cumplir “exclusivamente” las normas emanadas del Parlament para blindarse frente a “las decisiones del Estado español”.
Ante este hecho, el Ejecutivo tiene prevista ya una hoja de ruta en la que contempla todas las posibilidades jurídicas, políticas y económicas ante las situaciones que se puedan dar.
