Haciendo bueno el dicho popular que desaconseja la prisa, la premura por enterrar a las 62 víctimas del Yak-42 ha supuesto, a la postre, que seis años después el accidente aéreo siga coleando en los tribunales. Ahora ya no se discute si el viejísimo avión de fabricación soviética estaba en condiciones de volar o si la actitud de Defensa a la hora de contratar aquel desplazamiento fue negligente, sino que tan solo está en tela de juicio la humillación moral de una treintena de familias, que sepultaron los restos de alguien que no era su allegado. Se trata pues de una cuestión de puro orgullo, tanto para los afectados como para los mandos implicados en el desastre organizativo que supuso la repatriación y el subsiguiente sepelio, pues ni unos ni otros quieren dar su brazo a torcer.
Para dirimir quién tiene razón, ayer compareció ante la Audiencia Nacional el general Vicente Carlos Navarro, principal responsable de la operación y que, pese a admitir que hubo fallos burocráticos, achacó toda la responsabilidad de fondo a los funcionarios turcos, que habrían sido los culpables del desbarajuste. De hecho, Navarro proclamó ante el juez que hoy en día todavía se pregunta cómo se pudo producir tal «hecatombe». El principal implicado, que comparte banquillo con el comandante y el capitán médicos José Ramírez y Miguel Sáez, respectivamente, está acusado, como sus subordinados, de dos delitos de falsificación en documentos oficiales, por los que se enfrentan a penas de entre cuatro y medio y seis años de cárcel.
A lo largo de su interrogatorio durante la primera sesión del juicio, de unas dos horas y media de duración, el general atribuyó a las autoridades y forenses turcos que intervinieron aquel 26 de mayo de 2003 en Trebisonda serios problemas con la gestión de los cadáveres, ya que, siempre según su testimonio, no les permitieron acceder a las cámaras mortuorias, ni les dejaron tomar muestras de los restos, además no había ningún intérprete que posibilitara una comunicación fluida. «No nos queremos quitar de encima la responsabilidad. Llevo seis años preguntándome qué ocurrió (…). Había tres listas y pude haber bailado números», admitió Navarro antes de insistir en que también pudieron cometerse errores en los trasvases de bolsas con restos, que realizaron «siempre los turcos».
«No hay ningún general infalible y sabiéndolo todo. Me puedo equivocar como cualquier ser humano. Los generales también se equivocan», se excusó.
El acusado, por otra parte, precisó que el entonces ministro de Defensa Federico Trillo fue quien le pidió personalmente que se desplazara a Turquía para recuperar y repatriar los 62 cadáveres y para «traerlos identificados».
Cuando concluyeron sus trabajos, a las diez de la noche del 27 de mayo, precisó, firmó el acta turca -que estaba escrita en el idioma del país otomano-, que dos meses después llegó traducida a sus manos y en la que se decía que la delegación española se llevaba los cadáveres sin identificar.
«Si esto lo hubiéramos sabido, no lo hubiera firmado», sostuvo Navarro, antes de recordar que ya en la base de Torrejón se realizaron los informes de necropsia que se entregaron a las familias que lo requirieron, pero que no se expidieron certificados de defunción.
Ramírez y Sáez dieron su testimonio en la sesión vespertina, y ambos aseguraron que su trabajo se limitó a anotar las lesiones de los cadáveres y «describir» lo que tenían delante. En concreto, el primero relató que Navarro les dijo: «Ya están identificados. Nos volvemos a casa», lo que le hizo pensar que las identificaciones, que, recalcó, no realizó él, eran correctas.
Ambos coincidieron además en que algunas bolsas con los restos se llegaron a romper y que no se sacaron muestras porque no era el objetivo de su misión y porque nadie se lo pidió.
Por su parte, Sáez, que negó haber recibido presiones para realizar una repatriación urgente, señaló que, a instancias de sus superiores, se evitaron términos como carbonizado y calcinado «para no herir la sensibilidad de los familiares».
