El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga concluye que el preso, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado de su enfermedad sin salir de la cárcel, según revelaron ayer fuentes jurídicas.
El estudio pericial fue entregado al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y al fiscal Pedro Rubira, que ha asumido la causa en sustitución del fiscal-jefe, Javier Zaragoza.
Así, el trabajo, que contradice el que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, ha analizado a partir de las investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica la esperanza de vida aproximada que tendría el terrorista y el tratamiento más aconsejable a su situación.
También es contrario este documento al informe elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava) que concluye que lo que necesita el preso no es posible en una cárcel «porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria», según señaló el pasado jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que «ese tratamiento exige estar ingresado en un complejo de salud». En la misma línea se manifestó el secretario general de Instituciones Peniteciarias, Ángel Yuste.
Los forenses han trabajado sobre el informe clínico enviado por el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una comisión médica del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el recluso se encuentra en una situación «irreversible» en la que «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses, y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento», es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.
Para presionar al Ejecutivo central y al magistrado Castro, que es quien tiene la última palabra, se han sucedido diversos actos favorables a la puesta en libertad del también asesino de dos guardias civiles. De hecho, parlamentarios de Bildu se encerraron en la Cámara Navarra.
El Gobierno del PP también sufre el zarandeo de las propias víctimas. Así, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, pidió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que explique ahora quién es el que ha prevaricado después de conocer el informe de la forense.
«¿Ahora quién ha prevaricado? ¿los médicos del País Vasco?», preguntó Pedraza. Y es que, el titular de Interior defendió el pasado jueves el tercer grado otorgado a este preso por su Departamento alegando que no hacerlo habría sido incurrir en «prevaricación».
Así, la presidenta de la asociación de víctimas pidió la revocación inmediata del tercer grado, «puesto que se ha demostrado que las circunstancias no son las que dijeron», manifestó.
