El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) ha generado un 28,7 por ciento de empleos más de los previstos en la provincia. Así, han sido 1.410 los puestos de trabajo que ha impulsado, frente a los 1.095 previstos por los ayuntamientos segovianos.
Este fue uno de los datos que aportó ayer la subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, en la Comisión Informativa del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que ha presidido para analizar el desarrollo de esta medida. La comisión está formada por la Subdelegación del Gobierno y representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), la Federación Empresarial Segoviana (FES) y los sindicatos UGT y CCOO.
Mientras, el 80,5 por ciento de los proyectos de la provincia ya han sido totalmente liquidados, un total de 289 de los 359, de los que 250 corresponden a los de inversión y los 39 restantes a los sociales.
La subdelegada subrayó «el excelente fruto de este plan, tanto para dotar de servicios a los ciudadanos, como para generar actividad económica y puestos de trabajo». En este sentido, cifró en 45,9 los millones que el Plan E ha invertido en la provincia en los dos fondos estatales, el FEESL, con 17,7 millones, como con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL). Sobre los 17,7 millones de euros del FESSL, reseñó que «supone una inversión de 108 euros por cada segoviano».
Por otra parte, trece son los proyectos prorrogados en la provincia, 11 hasta el 30 de junio, y los dos restantes hasta el 31 de diciembre.
Recordó que, en un principio, la fecha límite para la ejecución de las obras y de la adquisición de los servicios y suministros, se fijó para el 31 de diciembre de 2010; mientras que el plazo del que disponían los ayuntamientos para acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras, así como la adquisición de los suministros o servicios, se cerraba a finales del primer trimestre de 2011.
Sin embargo, el Real Decreto-Ley preveía que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del ayuntamiento, podía otorgar una prórroga, que no excediera de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios supusieran un retraso de misma. Además, el Gobierno previó la ampliación de las prórrogas hasta el último día de este año.
