El fiscal del caso Torreón de Lozoya se muestra partidario de concretar las posibles responsabilidades de los antiguos dirigentes de Caja Segovia. Así lo señala en un informe dirigido al titular del Juzgado número 5, donde se instruyen las diligencias de este asunto, que se investiga desde hace casi dos años.
Las consideraciones del fiscal se producen al tiempo que impugna los recursos presentados por UPyD, IU, la Fundación Caja Segovia y dos ex consejeras. Algunos pedían que se imputara a Bankia, otros insistían en que también fueran imputados Óscar Varas y Javier Tello; y las dos últimas solicitaban que fueran desimputadas ellas.
Con similares argumentos que el juez, todos los recursos fueron rechazados por el fiscal de este caso, Raúl Fernández.
De este modo, y como ya informó este diario el pasado viernes 16, el auto judicial del juez, Jesús Martínez Puras, rechaza todos los recursos, de modo que no se le imputa a Bankia la responsabilidad.
En cambio, en su escrito relativo a esta parte del procedimiento, el fiscal estima que “sí existen indicios de la posible comisión de delito de administración desleal”, hecho por el que se abrieron las diligencias y se llamó a declarar a numerosos cargos directivos de Caja Segovia, de Bankia y de Navicoas. Pero añade que la “imputación genérica que hasta ahora se ha hecho de todos los miembros del consejo rector deba ser concretada e individualizada, en su momento y en su caso”.
De forma simultánea, la Agencia Tributaria de Asturias ha remitido un informe al Juzgado respondiendo a varias preguntas realizadas por el juez. Como se recordará, fue la deuda tributaria que tenía Navicoas Asturias (participada por Caja Segovia), la que desencadenó la petición de un préstamo bancario y que ha llevado al pleito que se investiga.
Caja Segovia pagó la sanción y para ello pidió el préstamo hipotecario a Bankia. Tal cantidad, que en principio no podrá devolver por la falta de activos al ser intervenida Bankia, puede suponer el embargo de los inmuebles hipotecados.
El juez del 5, en su intento de esclarecer si puede atribuirse a los administradores de Navicoas Asturias y a su vez empleados de Caja Segovia, la condición de administradores de hecho, se encuentra con la respuesta de que, deben existir pruebas e indicios de que éstos intervinieran directamente. Pero al pagarse entonces la deuda de siete millones de euros —tal como se acordó— la Agencia Tributaria no abrió ninguna actuación investigadora. Y, por tanto, no puede concretarse si hubo una actuación delictiva “de hecho”.
