La más que probable fuga del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, al que las autoridades judiciales de Irlanda del Norte finalmente han echado de menos después de que dejara de cumplir con su obligación diaria de fichar en comisaría durante solo 30 jornadas seguidas, tiñó ayer de cierto surrealismo la vida judicial.
Así, mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció su intención de reclamar -por supuesto una vez que pase el fin de semana- al juez Eloy Velasco que pregunte a los responsables británicos por la situación y paradero del terrorista, para poder certificar de manera oficial lo que ya conoce toda la sociedad española desde el jueves, la propia Audiencia ordenaba horas después la «vigilancia permanente» del ex jefe militar de ETA Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, al que se ha dejado libre por una metedura de pata en la interpretación de la orden de entrega francesa.
Ahora, el Ministerio Público trata de evitar que Gracia se escape para así ganar tiempo y poder encontrar algún resquicio legal que permita procesarle por el intento de asesinato del Rey en 1995, un delito que se le atribuye.
En tanto se aclara la disputa entre el acusador y la Justicia gala, que solo concedió la extradición por su pertenencia a ETA y no para esclarecer el magnicidio frustrado, serán los impuestos de la ciudadanía los que costeen el seguimiento al criminal.
Por supuesto, será así siempre que se interrumpa la cadena de despropósitos que ayer tarde llevó a la Policía a comunicar la imposibilidad de vigilar a Iñaki de Rentería, que está en la calle desde el miércoles, puesto que, se aclaraba en una nota, desconocía «su paradero actual». Las Fuerzas de Seguridad advirtieron además de la dificultad que entraña localizar a una persona sobre la que no hay ninguna investigación en curso ni mantiene ninguna causa pendiente.
El Gobierno, feliz
Ajena a tal alud de meteduras de pata, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, prefirió pedir fe ciega en el Gobierno y reclamó al PP que se olvide de las más que cuestionables decisiones socialistas y eluda toda crítica. A la hora de justificar sus negligencias, la mano derecha de Zapatero argumentó que nada se le puede reprochar al Gabinete, puesto que ya «está recabando información sobre la fuga de De Juana». Con respecto a las excarcelaciones del ex líder de LAB Rafael Diez Usabiaga y de Iñaki de Rentería, De la Vega sostuvo que se trata de decisiones judiciales y que los jueces «están para garantizar la seguridad».
También se dedicó a echar balones fuera el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, quien sostuvo que Irlanda del Norte no ha ejercido un «control suficiente» sobre De Juana. Tales encogimientos de hombros de los responsables socialistas, tanto nacionales como vascos, no satisficieron al líder popular, Mariano Rajoy, quien reclamó explicaciones al Gobierno por la fuga del más sanguinario asesino de la banda y solicitó que el otora líder laboral «vuelva a la cárcel» de inmediato como presunto responsable de los intentos de resucitar la ilegalizada Batasuna.
