La Fiscalía Anticorrupción solicitará en el día de mañana más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los reclamará para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press, que precisan que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la Infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa.
La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar ‘in extremis’ en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.
En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésthabría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles ‘pantalla’ que integraban el conglomerado empresarial conocido como ‘Aizoon’.
Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos.
No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados —excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro— deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), en la Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los mismos que sobre Diego Torres.
