La Fiscalía del Tribunal Supremo, cada vez menos preocupada por disimular su subordinación al Gobierno, reclamó ayer el archivo de la causa contra el juez Baltasar Garzón por abrir una investigación sobre las desapariciones del franquismo al considerar que las acusaciones populares -Falange Española y Manos Limpias- «carecen de legitimación procesal» para sentar al magistrado en el banquillo. Así consta en el escrito remitido por el Ministerio Público al magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, en el que insiste además en que los hechos por los que se investiga al togado de la Audiencia Nacional «no son constitutivos de delito».
Cabe recordar que Varela, quien sostiene que el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco ignoró la Ley de Amnistía al tratar de incriminar a Franco, ya rechazó el pasado 4 de febrero el sobreseimiento del proceso por entender que en la actuación del juez concurren todos los elementos del delito de prevaricación castigado «con la pena de multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años».
Ajenas a tales consideraciones jurídicas, diversas asociaciones para la recuperación de la llamada Memoria Histórica presentaron ayer ante el Consejo General del Poder Judicial más de 100.000 firmas en apoyo al Garzón. El presidente de la Plataforma por un Centro de la paz y la memoria en Carabanchel, Julián Rebollo, explicó que, junto a las rúbricas, entregaron también un manifiesto en el que se pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que no sancione al magistrado.
Ya fuera de las fronteras patrias, la Unión Europea prefirió lavarse las manos ante la petición de la ONG estadounidense Human Rights Watch para que el presidente del Consejo critique formalmente la causa contra Garzón. Ante tan llamativo requerimiento, Bruselas alega que no tiene «competencias». «No está en las competencias de la UE comentar si el Poder Judicial de un Estado está cumpliendo con su deber, por supuesto que no», señaló textualmente un representante comunitario, que se declaró «sorprendido de que a veces se piense que la UE puede hacer de todo, o que está por encima de los Estados».
El contrapunto a tanta solidaridad llegó de la sorprendente mano del ex diputado socialista Joaquín Leguina, quien tachó de «hooligans» a quienes «niegan la vigencia de la Ley de Amnistía» de 1977 para defender el intento de Garzón de investigar los crímenes de la Guerra Civil, una pretensión que, añadió el antiguo dirigente autonómico, «no está amparada por el Derecho Internacional».
