El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas en el caso Morate —el letrado de la Junta y las que representan a las familias de Laura del Hoyo y Marina Okarynska—, mantienen la petición de imputación del único investigado por el doble crimen de Cuenca como presunto autor de dos delitos de asesinato, uno por cada una de las dos muertes que se produjeron el pasado mes de agosto. Su defensa solicitó el sobreseimiento provisional al entender que “no hay prueba válida suficiente para sostener su imputación”, según explicó la fiscal jefe de Cuenca, María Isabel Gómez.
Tras aclarar que en la práctica de este trámite procesal no se trataba de realizar petición de penas, Gómez insistió en que acusación pública y particular sostienen que Sergio Morate es el autor de la muerte violenta de las dos víctimas que, por la “forma en que se ha producido”, son dos “delitos de asesinato respecto de cada una de las víctimas”. “Cuando corresponda formular escrito de acusación”, explicicitó, se incluirán “pormenorizadamente el resto de circunstancias que puedan concurrir”, dijo, en referencia a posibles “agravantes o si hubiera atenuantes” y sobre ese escenario “se modulará la pena”, agregaron.
El que Marina Okarynska fuese su expareja es un hecho “objetivo” que la Ley recoge como una “especial circunstancia que agrava la responsabilidad penal” a la que, ha advertido Gómez, “se le dará la valoración que resulte oportuna”. En cualquier caso, la horquilla de pena, recordó, estaría entre los 15 y 25 años, y la petición del Ministerio Fiscal, adelantó, “será ajustada a la gravedad del hecho”. “Las circunstancias en cómo se produjeron las muertes”, así como “el resto de circunstancias que han concurrido” van, apostilló la fiscal, “a disponer que la respuesta penal que se inste por parte de la Fiscalía vaya a ser adecuada, por supuesto, a la gravedad del hecho”.
“Desde un primer momento”, abundó la fiscal jefe, la postura y el criterio de la Fiscalía “siempre ha sido el mismo”, la imputación de Sergio Morate por dos delitos de asesinato y el mantenimiento de su situación de prisión provisional comunicada y sin fianza en la prisión de Estremera, donde permanece recluido. Por su parte, según adelantó la fiscal, la defensa del investigado pidió el sobreseimiento provisional al considerar que “no hay prueba válida suficiente” para sostener su imputación, según recalcaron ante los medios.
