La ofensiva preventiva del PP contra el presidente del Congreso, José Bono, uno de los principales activos del socialismo y, a decir de muchos, la más sólida alternativa a Rodríguez Zapatero, ha quedado desactivada por completo antes siquiera de llegar a la fase judicial.
Los intentos del principal partido de la oposición para emborronar el crédito político del ex presidente manchego se han topado con la tajante decisión del fiscal, que no solo desestima las peticiones del partido de Mariano Rajoy para investigar el supuesto incremento patrimonial del jefe de la Cámara Baja, sino que incluso acusa a los conservadores de instigar una «inquisición general» contra el otrora barón regional.
Según la respuesta del representante del Ministerio Fiscal a las denuncias de la formación de Génova, no existe indicio alguno de ilegalidad en la conducta de Bono, máxime habida cuenta de que el PP únicamente fundamenta sus protestas en meras sospechas sin respaldo de hechos contrastados.
El acusador público, que descarta definitivamente investigar al dirigente de las Cortes, critica que la pretensión de los populares se basa únicamente en una serie de recortes de artículos periodísticos basados en apreciaciones subjetivas y comentarios, pero sin el respaldo de evidencias concretas.
De hecho, la Fiscalía reprocha textualmente al principal partido de la oposición que reclame una persecución judicial al socialista basada en informaciones caracterizadas por su «vaguedad y nula concreción».
Así, tras poner de manifiesto que las denuncias del PP tratarían solo de socavar la imagen del presidente del Congreso por motivaciones extrajurídicas, ya que, a tenor de la documentación aportada, ningún delito se pone de manifiesto, el fiscal recuerda que el ordenamiento español excluye las «inquisiciones generales», esto es, la apertura de investigaciones «no basadas en la existencia de comisión de un presunto delito que pueda mínimamente concretarse».
Además, el Ministerio Público certifica que «no existe norma alguna que tipifique por sí solo como delito el incremento patrimonial», por más que se desconozca el origen de los bienes, puesto que, para que tal enriquecimiento merezca la atención de la Justicia, es imprescindible «la existencia de datos que permitan vincular tal mejora económica con un hecho punible».
Quedan pues en agua de borrajas las insinuaciones populares sobre la relación económica de Bono con el empresario Rafael Santamaría, puesto que, tal como explica el fiscal, aunque dicha amistad existiera y tuviera contenido monetario, sería necesario vincularla «al ejercicio de algún cargo público» por parte del presidente del Congreso, algo que no han hecho los conservadores.
El Ministerio Público también resta toda trascendencia jurídica a las quejas del PP sobre la supuesta doble vara de medir que se estaría aplicando al manchego con respecto al líder valenciano, Francisco Camps, actualmente procesado en el ámbito del caso Gürtel, puesto que, según explica el acusador, a este último se le investiga en virtud de «muy fundados indicios de unos concretos delitos atribuidos a personas igualmente concretas», algo que no se produce en el caso de Bono.
